El día 17 de julio de 2024, en una conferencia de prensa, la diputada Lorena de la Garza, junto con su colega Perla Villarreal, denunció un nuevo caso de triangulación de recursos públicos que involucra al gobernador Samuel García. Este incidente se suma a una serie de denuncias previas, sugiriendo un patrón sistemático de corrupción y abuso de poder en el gobierno estatal.

Lorena de la Garza mencionó casos anteriores, como el de Suministro MYR, empresa acusada de triangular más de 200 millones de pesos hacia un despacho vinculado a Samuel García. Similar situación ocurrió con ECM Soluciones Fiscales, donde el gobernador está implicado en la triangulación de 140 millones de pesos a sus despachos.

Según revelaciones de medios nacionales, se ha descubierto un nuevo caso de corrupción en el DIF de Nuevo León. Un consorcio empresarial recibió un contrato por 820 millones de pesos bajo la administración de Samuel García y posteriormente pagó 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su padre.

“La reciente triangulación de recursos públicos desde el DIF hacia empresas proveedoras y de estas hacia el despacho del gobernador Samuel García se une a otros casos que ya hemos denunciado. Esto evidencia un modus operandi en el gobierno para enriquecer al gobernador y su familia”, declaró la diputada Lorena de la Garza.

Estos casos explican la bonanza económica del gobernador y su familia. Entre 2015 y 2021, los despachos jurídicos de Samuel García facturaron 632 millones de pesos. Sin embargo, de 2021 a 2024, los ingresos se dispararon a 1,781 millones de pesos. Este crecimiento desproporcionado en los ingresos de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia supera incluso el crecimiento de empresas del Grupo de los Diez, reflejando un patrón sistemático de corrupción.

La diputada señaló dos limitantes para que se puedan ejercer acciones legales contra el gobernador: el fuero que ostenta como gobernador y los amparos que ha conseguido Samuel García con jueces afines en otros estados del país.

“Como diputados, nuestro trabajo es avanzar en el proceso del juicio político del gobernador y explorar la posibilidad del desafuero. Es crucial tomar estas medidas para que Samuel García no siga hipotecando el futuro de Nuevo León bajo el amparo de su fuero político”, añadió de la Garza.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado para investigar estos contratos otorgados desde el DIF. Es urgente investigar cómo las empresas que reciben contratos del gobierno de Samuel García luego contratan los servicios de los despachos jurídicos del gobernador y su familia, generando millones de pesos en ingresos.