Los empresarios apoyan las mejoras en el sistema de transporte y buscan soluciones sostenibles
Las mesas de trabajo sobre la situación del sistema de transporte Va y Ven en Mérida siguen en marcha. Hace unos días, miembros del Consejo Coordinador Empresarial participaron en una reunión con concesionarios y representantes del gobierno estatal para abordar este tema.
El sector empresarial dejó en claro a las autoridades del Estado que no desean que el transporte público regrese a cómo era en el pasado. Consideran que la movilidad que se ha alcanzado no debe perderse y que el sistema Va y Ven es completamente mejorable. Este fue uno de los principales planteamientos que expusieron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán durante un encuentro realizado en Palacio de Gobierno. En esa reunión estuvieron presentes el secretario general, Omar Pérez Avilés; el director de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo; la coordinadora general de Asesores, Dafne López Martínez; el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, y el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez.
En una entrevista con este medio, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, José Enrique Molina Casares, comentó que tras los problemas surgidos con el sistema Va y Ven, el CCE y en particular su organismo comenzaron a solicitar información a las autoridades.
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Para abordar esta situación, el gobierno tomó la iniciativa de convocar un comité técnico del sistema de transporte público para informar sobre el estado actual del Va y Ven.
“El gobernador (Joaquín Díaz Mena) estuvo un rato con nosotros, pero posteriormente se retiró”, afirmó Molina Casares.
Durante esa reunión, el gobierno presentó un reporte sobre la situación del sistema, describiendo cómo lo percibe la Agencia de Transporte, los desafíos financieros y logísticos que enfrenta, y los avances en la evaluación del sistema. Desde su perspectiva, el sector empresarial reconoció que el gobierno mostró una actitud de apertura al compartir esa información y explicar la problemática.
Al analizar la situación, Molina Casares cuestionó si la infraestructura del Va y Ven es insostenible en su totalidad. Expresó que la viabilidad dependerá de los estudios que actualmente realiza la ATY y de si el sistema puede mantenerse. Reconoció que el gobierno del Estado tiene un límite en los subsidios y que los concesionarios también manejan un monto mínimo, por lo que consideró importante que ambas partes lleguen a un acuerdo.
El líder empresarial mencionó que ninguno de los dos actores, tanto el gobierno como los concesionarios, desea volver a las condiciones del pasado.
Se estima que en aproximadamente mes y medio o dos meses estarán disponibles los resultados del estudio que realiza la ATY en conjunto con el CCE, y en ese momento se planea una nueva reunión para analizar los avances.
“Esperamos que se logren acuerdos que permitan mejorar el sistema y solucionar los problemas existentes. La deuda de 130 millones de pesos con los concesionarios aún no está resuelta, al igual que el retiro de autobuses de las rutas, pero ya trabajan en ello”, aseguró Molina Casares.
El representante de la Canaco afirmó que los puntos principales que defendieron fueron no volver a las condiciones del pasado, mantener la movilidad y mejorarla en todos los niveles, y que el transporte sea 100% mejorable.
En cuanto a las propuestas de mejora, Molina Casares expresó que la Cámara siempre se ha preocupado por la movilidad en Mérida, ya que esta afecta directamente al comercio, especialmente en el centro de la ciudad.
Entre las sugerencias están la ubicación estratégica de paraderos, la reducción y modificación de rutas, y el cambio de unidades, aunque aclaró que nunca han intervenido en temas financieros. La Agencia de Transporte ha presentado datos y realiza un estudio para analizar el origen y destino de los pasajeros, la viabilidad económica y el sistema de cobro.
El sector empresarial mostró disposición a colaborar en las acciones que puedan mejorar el transporte público en Yucatán, procurando que no afecte a usuarios ni a los trabajadores del comercio. La prioridad es ofrecer un servicio eficiente, justo y seguro, que permita a la gente llegar a sus hogares, centros de trabajo, hospitales y comercios con la misma tranquilidad que destaca a la región.
Al respecto, Molina Casares comentó que actualmente la población está utilizando más el transporte y que los concesionarios están trabajando en acercarse al gobierno para mejorar la situación.
“Nos hemos acercado a los concesionarios para apoyarlos en lo que necesiten, a fin de plantear sugerencias, mientras que el gobierno también debe cumplir con su parte. Es un trabajo conjunto que busca que la movilidad sea socialmente aceptable y financieramente sostenible”, afirmó.
Sobre el problema que afectó a los usuarios, con el retiro de más de 150 autobuses y la reclamación de una deuda de 130 millones de pesos por parte de los concesionarios, Molina Casares indicó que se les informó de estos temas, pero no cree que hayan sido solucionados todavía.
“Nos comentaron que están en vías de solucionarlo, y lo que nos tranquiliza un poco es que mantienen mesas de trabajo de manera continua para buscar una salida. No se trata de que uno tenga razón y el otro no, sino de que el servicio funcione. Es fundamental que ambas partes aporten en la parte financiera y que el sistema sea justo para todos”, expresó.
El líder empresarial afirmó que el transporte público aún no está estabilizado y que se encuentra en un proceso de recuperación. Vio con buenos ojos la voluntad del gobierno y de los concesionarios de llegar a una solución en un plazo de mes y medio o antes.
Respecto a la posible reversión en la modernización del sistema Va y Ven, por propuestas de los concesionarios para usar autobuses más económicos, pequeños y con menor accesibilidad, Molina Casares aclaró que no está informado al respecto.
Finalmente, resaltó que la Cámara siempre ha estado atenta a la implementación del sistema y ha participado en su nacimiento.
“Desde el inicio estuvimos pendientes y convocamos a las autoridades para señalar la importancia de horarios nocturnos, que permiten a la gente acudir a comercios que cierran tarde y regresar segura a sus hogares, ya que el transporte en plataformas resulta muy costoso”, dijo.
También mencionó que se sugirió fortalecer la movilidad en las mañanas, cuando más se desplazan los trabajadores, y promover ofertas durante los fines de semana para incentivar el uso del transporte. Además, se propuso cambiar paraderos y rutas, sin involucrarse en aspectos técnicos como el costo de los nuevos camiones o su tamaño.
Uno de los temas que más preocupa es el costo del pago por kilómetro que realiza el sistema, considerado muy elevado.
“Lo que planteamos fue que se realice un estudio económico y de viabilidad financiera, que analice el costo real del pago por kilómetro, por pasajero o por unidad. La decisión debe tomarla quien tenga la capacidad técnica y financiera para hacerlo”, afirmó Molina Casares.
La Cámara de Comercio no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para determinar el valor del transporte público, por lo que considera que las partes interesadas son quienes deben decidir y que actualmente están en ese proceso.
