La estrategia de contratos mixtos y la incertidumbre judicial dificultan la captación de socios para exploración y producción de crudo
Pemex enfrenta obstáculos significativos para alcanzar la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios, un incremento del 12.5% respecto a los 1.6 millones actuales, y que representa una caída del 8.6% en comparación con el año pasado. La estrategia central del gobierno es el éxito de los contratos mixtos entre la petrolera y socios comerciales, pero diversos analistas coinciden en que existen dudas sobre su viabilidad.
Según el proyecto estratégico de Pemex, la empresa ha identificado 21 proyectos, de los cuales 11 están en proceso de revisión contractual. Sin embargo, expertos de calificadoras como Moody’s y Fitch advierten que la falta de claridad en la estrategia y los antecedentes negativos complican la atracción de inversión extranjera para exploración y exportación de crudo y gas.
Adriana Eraso, analista principal de Fitch, señaló que uno de los mayores retos son los antecedentes fallidos de los farmouts, instrumentos lanzados durante la administración de Enrique Peña Nieto. “No tuvieron el resultado esperado, y estos contratos mixtos son complicados. Si no funcionaron antes, surgen dudas sobre su efectividad ahora”, afirmó.
Eraso también destacó la incertidumbre sobre las garantías para los inversionistas, ante un esquema que involucra socios con solvencia cuestionada y en proceso de desinversión. Además, advirtió que no hay claridad sobre la ganancia para los socios privados, dado que Pemex debe mantener al menos el 40% del control de los campos compartidos.
Un factor adicional que preocupa es el entorno de incertidumbre jurídica por los cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una nueva integración prevista para septiembre. La analista señaló que “estamos ante un esquema judicial donde no se conocen las garantías que tendrá el sector empresarial”.
El Plan Estratégico presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca que Pemex deje de depender de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2027, pero expertos advierten que las medidas actuales abordan solo problemas de corto plazo. La calificadora Fitch indica que, si bien el plan muestra un enfoque pragmático, no se perciben acciones que aseguren una mejora en la calificación crediticia a largo plazo.
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