Ciudad de México. – El Gobierno de México ha cancelado aproximadamente 20 permisos para la comercialización de hidrocarburos en el último año, como parte de una estrategia intensificada para combatir el robo y la evasión fiscal en el sector, conocido coloquialmente como ‘huachicol’. La medida se enfoca en irregularidades detectadas en la operación de estos permisos.
Beatriz Marcelino, directora de la consultora CIITA, especializada en el sector de hidrocarburos, detalló que las cancelaciones se debieron al incumplimiento de obligaciones, incluyendo permisos que no llegaron a ser utilizados o la venta de combustible sin el debido reporte a las autoridades.
En comparación, durante la administración anterior, se revocaron alrededor de 350 permisos de comercialización. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado actuando contra transportistas que realizan autoconsumo, cancelando Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a aquellos que operan tanques de almacenamiento sin autorización o que presentan sospechas de irregularidades.
El SAT examina el objeto social de las empresas transportistas y, ante compras que superan los 75 mil a 80 mil litros mensuales, procede a la cancelación de sellos fiscales. La autoridad ha incrementado la fiscalización de empresas de autoconsumo, de las cuales se estima que más de 100 mil puntos operan sin el permiso correspondiente.
Según datos de la Secretaría de Energía, actualmente existen cerca de 400 permisos de autoconsumo de gasolina y diésel otorgados a una variedad de empresas, incluyendo grandes corporativos y operadores de infraestructura de transporte.
En un esfuerzo por fortalecer la vigilancia, el Gobierno planea construir una supercomputadora denominada Coatlicue. Esta herramienta tecnológica permitirá cruzar información en tiempo real sobre las empresas del sector combustible, abarcando toda la cadena de valor, desde la importación y exportación hasta la comercialización, transporte, distribución y expendio. El sistema integrará datos de diversas dependencias gubernamentales como el SAT, la Secretaría de Energía, Economía, Medio Ambiente, así como del IMSS y el ISSSTE, para una fiscalización más efectiva contra el mercado ilícito.