La decisión de no bajar el precio del espectro limita la competencia y afecta tanto a empresas como a usuarios, mientras buscan alternativas para captar más ingresos fiscales.
La reciente creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) marca un cambio en la estructura regulatoria del sector, tras la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, en medio de estas reformas, el gobierno ha decidido mantener los altos costos del espectro radioeléctrico, considerando que reducir su precio no forma parte de sus prioridades inmediatas. La política vigente resulta en tarifas de uso del espectro que son significativamente superiores a las de otros países, lo cual limita la aparición de nuevos competidores y perpetúa la concentración del mercado en manos de empresas como la de Carlos Slim. La propuesta en la ley de derechos 2026 contempla descuentos en derechos de uso solo para operadores que cumplan con mayores compromisos de cobertura, pero la percepción del sector es que esto no será suficiente para resolver el problema de fondo. La negativa de las autoridades fiscales a reducir la tarifa del espectro obedece a la necesidad de incrementar la recaudación, ya que estos pagos representan una fuente importante de ingreso, con pérdidas que superan los 23 mil millones de pesos en los últimos años. Expertos destacan que la alta cotización del espectro perjudica tanto a las empresas operadoras como a los usuarios finales, quienes enfrentan tarifas más elevadas, además de impedir una mayor competencia que beneficie a todos los consumidores. Se esperan posibles modificaciones en las políticas regulatorias, con la esperanza de que las nuevas autoridades retomen el tema y logren una estrategia más equitativa y competitiva en el sector.