El secretario de Hacienda prepara nombramientos estratégicos en el sector financiero público para fortalecer la gestión y responder a las críticas recientes
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, avanza en la reorganización del sector financiero público en México, con la intención de fortalecer la administración y responder a las críticas recibidas en los últimos meses. Se prevé que en los próximos días anuncie cambios importantes en la estructura de la Nacional Financiera (Nafin), incluyendo la designación de un nuevo director que será una figura de su máxima confianza. Fuentes cercanas a la Secretaría confirmaron que estos anuncios se realizarán entre este viernes y el martes próximo.
En ese contexto, se espera que Luis Antonio Ramírez Pineda sea relevado por Roberto Lazzeri en la dirección de Nafin. Este último ha sido una pieza clave en las estrategias relacionadas con las tres entidades bancarias señaladas por el Tesoro de Estados Unidos en junio pasado. La incorporación de Lazzeri responde a su experiencia y a su participación en operaciones recientes, lo que lo convierte en un perfil idóneo para liderar la institución en un momento de ajustes y cambios en el sector financiero.
Desde hace meses, el sector financiero ha expresado críticas y cuestionamientos hacia la gestión del gobierno federal, especialmente en relación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución, que regula a los bancos y entidades financieras, está bajo la dirección de Jesús de la Fuente Rodríguez y ha sido objeto de debate tras la falta de movimientos sustanciales en su estructura en los últimos tiempos. La presión aumentó tras la advertencia del Tesoro estadounidense sobre las operaciones de bancos como Ci Banco, Intercam y Vector, por sospechas relacionadas con lavado de dinero.
Este escenario ha motivado los primeros cambios en el sector en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, a ocho meses de su administración. Uno de los focos principales ha sido la necesidad de escindir el negocio fiduciario de Ci Banco, transfiriendo los fideicomisos a la banca de desarrollo. La decisión busca fortalecer la supervisión y reducir riesgos, y ha sido impulsada por Edgar Amador, quien ha enfatizado la importancia de colocar en puestos clave a personas de su confianza para garantizar la implementación efectiva de estas medidas.
Roberto Lazzeri, actual jefe de la Oficina de Hacienda, es considerado un perfil natural para esta nueva responsabilidad. Se incorporó a la dependencia en 2020 inicialmente como encargado de deuda pública y, desde 2023, ocupa su cargo actual. Antes de su llegada a Hacienda, Lazzeri trabajó en Banobras, lo que refuerza su experiencia en el sector financiero público. Su participación en la operación de escisión del fideicomiso de Ci Banco lo posiciona como un candidato idóneo para liderar Nafin en estos momentos de cambios.
El sector financiero estima que aún podrían ocurrir otros movimientos, particularmente en la presidencia de la CNBV. Entre los nombres que suenan para este cargo están Lucía Buenrostro, vicepresidenta de política regulatoria, y Francisco Javier Vega Rodríguez, vicepresidente del regulador. La expectativa es que estos nombramientos sean anunciados próximamente, en línea con la estrategia de fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero mexicano.
La necesidad de estos cambios responde a la exigencia de mayor transparencia y eficacia en la gestión de los organismos regulatorios y de apoyo financiero. La administración de Claudia Sheinbaum ha priorizado la reestructuración del sector y la incorporación de perfiles confiables que puedan afrontar los retos actuales, incluyendo las presiones internacionales y los cuestionamientos internos. La llegada de Lazzeri a Nafin es vista como un paso importante en este proceso de transformación y fortalecimiento institucional.
Con estos movimientos, el gobierno busca consolidar un sector financiero más sólido y transparente, capaz de responder a los desafíos económicos internos y externos. La expectativa es que estos cambios contribuyan a mejorar la gestión y a recuperar la confianza en las instituciones públicas que apoyan el desarrollo económico del país.
