Cuatro militares han sido vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Se les acusa de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La decisión fue tomada por un juez quien también ha autorizado dos meses de plazo para la investigación complementaria.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los militares por ambos delitos. La audiencia ha sido continuada desde el pasado lunes.
El juez Eduardo Javier Sáenz Torres, quien preside el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Reynosa, ha dictaminado que los cuatro militares acusados deberán cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el campo militar no. 1. Esto significa que los acusados deberán permanecer detenidos mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.
No obstante, la defensa de los militares ha solicitado la duplicidad del plazo constitucional, lo que ha llevado al juez a aceptar que la audiencia se reanude este 12 de abril de 2023.
El 26 de febrero del presente año se dio a conocer que un grupo de militares en Nuevo Laredo dispararon sin justificación legal en contra de siete jóvenes que salían de una fiesta, provocando la muerte de cinco de ellos y dejando gravemente herido a otro.
Dos días después, el Ejército reconoció que sus soldados habían accionado sus armas en contra de los jóvenes, aunque intentaron justificar sus acciones argumentando que escucharon un ‘estruendo’. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para las autoridades y la sociedad en general, quienes han exigido una investigación exhaustiva y la aplicación de la justicia correspondiente.
Las víctimas mortales de este hecho fueron los jóvenes Gustavo Pérez Benites, Wilbert Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suarez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha. Los sobrevivientes fueron Alejandro y Luis Gerardo.
Por su parte, los soldados imputados corresponden a los nombres de Agustín N, Juan N, Bernardo N y Jorge N, contra quienes el juez aceptó que se proceda a investigar su participación en los hechos mientras continúan en prisión.
