Reforma energética redefine el estatus de PEMEX y CFE como empresas públicas, reforzando su rol estatal en México.

El Senado mexicano ha aprobado una reforma constitucional que transforma a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de «empresas productivas del Estado» a «empresas públicas del Estado». Este cambio tiene como objetivo fortalecer el control estatal sobre sectores clave de la energía, como la producción de petróleo, electricidad y la transición hacia fuentes renovables. Además, la reforma prohíbe que empresas privadas obtengan concesiones en áreas estratégicas como el litio, garantizando que la CFE mantenga al menos el 54% de participación en el mercado eléctrico, dejando el 46% para actores privados.

La reforma busca priorizar el servicio público sobre el lucro, asegurando que la electricidad y el acceso a internet se ofrezcan a precios accesibles y sin fines de lucro. Esto refuerza el compromiso del Estado con la autosuficiencia energética y la transición hacia energías limpias. De acuerdo con las nuevas disposiciones, ninguna empresa privada podrá prevalecer sobre las públicas en las áreas estratégicas que gestione el gobierno.

A pesar de que la reforma incluye la participación privada en algunos sectores, los críticos afirman que estos cambios pueden desalentar la inversión extranjera y nacional. Legisladores de oposición han señalado que el regreso a un modelo centralizado podría afectar la competitividad de México y poner en riesgo acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma también redefine el concepto de monopolio. Ahora, las funciones exclusivas del Estado en sectores como la electricidad e internet no serán consideradas monopolios, lo que le otorga un mayor control sobre la provisión de estos servicios esenciales. La meta es garantizar la seguridad energética nacional y la soberanía sobre los recursos naturales.

El siguiente paso para que la reforma entre en vigor será su aprobación en al menos 17 congresos estatales, lo que permitirá que PEMEX y CFE recuperen su estatus como empresas públicas del Estado y se enfoquen en su misión social. Este cambio se alinea con la política del gobierno federal de priorizar el control estatal en sectores estratégicos para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

En resumen, la reforma busca un equilibrio entre el sector público y privado, pero prioriza la gestión estatal para asegurar que los recursos energéticos se utilicen de manera eficiente y responsable, con una clara orientación hacia el servicio público y la sostenibilidad.