La reforma judicial de AMLO, aprobada en comisiones el 22 de agosto, se votará en el pleno en septiembre, mientras crecen las críticas por su impacto en la independencia judicial.
En febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una ambiciosa reforma al Poder Judicial, con el objetivo de reestructurar profundamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos judiciales. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para transformar las instituciones del país, bajo el argumento de que el sistema actual está corrupto y necesita democratizarse.
Cronología del Proceso:
Febrero 2024:
La reforma es presentada oficialmente ante la Cámara de Diputados. Entre sus propuestas destacan la reducción de ministros en la SCJN de 11 a 9, la eliminación de las pensiones vitalicias y la elección popular de jueces y magistrados.
15 de agosto de 2024:
Comienza la discusión en la Cámara de Diputados, con un enfoque en la necesidad de reformar el sistema judicial para hacerlo más accesible y menos corrupto. Este debate inicial marca el inicio de un proceso que generará divisiones tanto en el Congreso como en la sociedad.
22 de agosto de 2024:
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprueba en lo general el dictamen de la reforma, con 22 votos a favor y 17 en contra. Este paso es crucial, ya que permite que el dictamen avance hacia el pleno para su votación final en septiembre.
26 de agosto de 2024:
Se llevan a cabo protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes consideran que la reforma amenaza la independencia judicial y podría politizar las decisiones de los jueces.
¿Dónde nos encontramos ahora?
Actualmente, la reforma se encuentra a la espera de ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados en septiembre. De ser aprobada, pasará al Senado, donde también se anticipan debates intensos. Mientras tanto, la sociedad civil, organismos internacionales y expertos legales han expresado preocupaciones sobre las implicaciones a largo plazo de esta reforma, especialmente en lo que respecta a la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Lo que sigue en el futuro:
Septiembre 2024:
El dictamen será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados. Si la mayoría aprueba la reforma, esta avanzará al Senado para su discusión. Se anticipa que las discusiones en el Senado podrían ser igual de polarizadas, con la oposición intentando frenar o modificar partes clave de la reforma.
Octubre – Diciembre 2024:
En caso de ser aprobada por ambas cámaras, se procederá a la implementación de las disposiciones legales para las elecciones populares de jueces y magistrados, previstas para junio de 2025. Durante este periodo, se establecerán las reglas y los mecanismos necesarios para llevar a cabo estas elecciones, incluyendo la formación de comités evaluadores y la definición de los criterios de selección.
2025:
El 1 de junio de 2025 se llevarán a cabo las primeras elecciones para elegir a los nuevos ministros, magistrados y jueces. Este evento marcará un hito en la historia judicial de México, con implicaciones de largo alcance para la independencia del Poder Judicial y la forma en que se administra justicia en el país.
«Estamos en un punto crítico donde la independencia judicial podría verse comprometida si esta reforma se aprueba sin modificaciones significativas»
Advirtió la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados.
En contraste, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió la reforma diciendo que «es un paso necesario para acabar con la corrupción y democratizar la justicia en México.»
Datos y estadísticas:
La reforma afecta a más de 6,700 cargos judiciales que serán elegidos por voto popular, y reducirá los periodos de los ministros de 15 a 12 años, lo que ha provocado preocupación en distintos sectores sobre la capacidad del sistema para mantener su independencia frente a presiones políticas.
La reforma judicial propuesta por AMLO representa un cambio sin precedentes en el sistema judicial de México. Aunque sus defensores aseguran que es un paso necesario para democratizar la justicia, los críticos temen que podría llevar a una politización del Poder Judicial, erosionando la imparcialidad que debería caracterizarlo. El desenlace de esta reforma podría definir el futuro de la justicia en México.
Fecha Publicación: 27 de agosto de 2024
