La reforma reconocería a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y garantizaría su consulta en decisiones legislativas.

El Senado de la República se prepara para discutir este lunes la reforma que busca garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, una iniciativa aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos serán las encargadas de dictaminar la minuta.

El proyecto de decreto reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, lo que les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta reforma permitiría a las comunidades tomar decisiones autónomas sobre su organización, formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, así como en la gestión de sus territorios.

Además, la propuesta establece el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas y afromexicanos ante cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera afectarlos. También impone a los gobiernos federal, estatales y municipales la obligación de adoptar medidas contra la discriminación, el racismo y la exclusión que históricamente han sufrido estas comunidades.

Entre los cambios más significativos de la reforma se incluye la creación de una jurisdicción indígena, que permitirá a las autoridades comunitarias ejercer su autoridad según sus sistemas normativos. Asimismo, se fortalecerá la protección de la identidad cultural y el reconocimiento de los conocimientos y aportes históricos de estas comunidades, garantizando su inclusión en censos y encuestas nacionales.