Fue un 6 de junio de 1990 que nació por decreto presidencial la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, hoy se encuentra bajo un rango constitucional y de naturaleza jurídica de un órgano descentralizado.

Adicionado al apartado B del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente manera:

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

[…]

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas

Artículo 102 apartado b de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

El organismo cuya misión vela por la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, es de suma importancia para la garantía de una correcta impartición de justicia en donde los derechos esenciales sean respetados y procurados. Con el objetivo de defender a todas las personas que consideren que sus derechos han sido violentados, hoy se celebran 33 años de su fundación en México.