El Secretario de Seguridad Pública del Estado ha confirmado con su experiencia como mandatario y a su vez como investigador del Sistema Nacional de Investigadores que la raíz del problema de la seguridad pública en Nuevo León es la discrepancia entre lo que establecen las leyes penales y las sanciones de las mismas.

Nuevo León ha alcanzado la cifra récord de 10 mil personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario. Es momento de reformar el Código Penal y lograr que la prisión esté prevista sólo para los delitos que más le hacen daño a la sociedad.

@GerardoPPmanes / Twitter

Desde que el Doctor en Derecho comenzó su cargo en julio de 2022 se ha encargado de hacer visualización sobre lo preocupante que resulta la sobrepoblación de los tres centros de reinserción social que se encuentran en la entidad, puesto que estos han alcanzado un incremento del 3% (Encuesta Nacional del Sistema Penitenciario. INEGI, 2021). Esto conlleva a pensar en las condiciones internas de los centros estatales en donde se suscitan violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por medio del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario (DNSP) la encargada de hacer énfasis en las áreas vulneradas, entre ellas la reinserción social, cuyo objetivo debe asentar en sus bases en que la ejecución de sentencias tenga lugar en buscar la re adaptación como un método de abolición a las conductas delictivas.

El Estado de Nuevo León cuenta con una evaluación de 6.6/10 (DNSP, 2021) revelando así que no se cuentan con las condiciones necesarias para garantizar una vida digna dentro de dichos centros. Mientras que la Encuesta Nacional del Sistema Penitenciario (2021) evidencia que un 66.7% de la población penitenciaria sufre actos de violencia permitidos y/o realizados por la autoridad posteriores a su detención.

Palacios Pámanes hace una crítica detallada en su obra «La cárcel desde adentro: entre la reinserción social del semejante y la anulación del enemigo» (2014) que se basa en que la legislación debe priorizar el cuestionamiento de: ¿por qué castigar? pero sobre todo, ¿para qué castigar? además de la consideración del impacto de los delitos a nivel social. El académico hace énfasis en que se debe estudiar y proponer solución desde el análisis de la raíz de la acción delictiva, cómo se lleva a cabo la misma y qué hacer para deconstruir este problema mediante el sistema penitenciario y aplicarlo a nivel legislativo.