Jueces denuncian la reforma judicial en México, alertando sobre los riesgos a la democracia y la independencia del Poder Judicial.

La reciente reforma judicial en México ha generado un fuerte rechazo por parte de jueces y magistrados, quienes consideran que la medida amenaza la independencia del Poder Judicial y representa un «golpe de Estado técnico». Esta reforma, aprobada por el Senado, permitirá que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular a partir de 2025, algo que nunca antes se había hecho en el país.

Según la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED), esta reforma vulnera la imparcialidad de los tribunales al abrir la puerta a la influencia de intereses políticos y grupos de poder sobre las decisiones judiciales. Los jueces advierten que someter estos cargos a elecciones populares no garantiza que los candidatos tengan la ética, experiencia o independencia necesarias para impartir justicia de manera objetiva.

Además, la JUFED ha iniciado movilizaciones en defensa del sistema judicial y ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para detener lo que consideran un retroceso en la democracia mexicana. Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, destacó que esta reforma pone en riesgo el futuro de la justicia en México, ya que subordina las decisiones judiciales a la voluntad del poder político en turno.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma argumentando que busca democratizar el sistema judicial y eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial. Según él, la reforma evitará que las «mafias» y los intereses económicos controlen las decisiones judiciales. Sin embargo, sectores opositores, así como los propios jueces, continúan manifestándose en contra, alegando que la justicia debe ser impartida por expertos, no por figuras públicas electas.

La reforma establece que las primeras elecciones para jueces y magistrados se llevarán a cabo en 2025, mientras que el proceso de ajuste y preparación para dicha elección ya ha comenzado. Esto incluye la adecuación de las leyes y procesos electorales en las distintas entidades federativas. La controversia continuará en los próximos meses, ya que tanto el gobierno como el Poder Judicial se preparan para los cambios estructurales que podrían redefinir el futuro de la justicia en México.