La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el proceso legislativo del decreto 728 para reformar disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud en el estado de Hidalgo que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, sin importar el motivo. La Corte consideró que durante el proceso legislativo no se cometieron violaciones de carácter invalidante y que el decreto cumple con los requisitos de fundamentación y motivación legislativa. El gobierno de Hidalgo deberá proporcionar información objetiva y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción del embarazo. La reforma fue aprobada por el pleno del Congreso de Hidalgo en 2021 y ha sido celebrada por diversos colectivos feministas a favor de la despenalización del aborto.