Acusado de adjudicar contratos millonarios de gas natural a empresa vinculada, el exdirectivo también es investigado por la compra de propiedades en el extranjero.

Javier Gutiérrez Becerril, exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad Internacional (CFEi), está bajo investigación por la compra de una casa en Francia y otra en Houston con dinero no declarado. Las transacciones ocurrieron poco después de adjudicar contratos millonarios de gas natural a WhiteWater Midstream, una empresa con la que tenía vínculos cercanos, lo que ha generado sospechas de corrupción y fraude en México y Estados Unidos.

En 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Gutiérrez Becerril y Guillermo Turrent Schnaas, exdirector general de CFEi, otorgaron contratos significativos a WhiteWater Midstream, convirtiéndola en una de las mayores proveedoras de gas natural del gobierno mexicano. Las adjudicaciones millonarias fueron para proyectos de infraestructura energética, incluyendo un gasoducto que conecta Texas con México.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han estado investigando estas transacciones, descubriendo que Gutiérrez Becerril utilizó empresas offshore para ocultar el origen de los fondos utilizados en la compra de las propiedades. La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado su comparecencia en múltiples ocasiones, enfrentando constantes aplazamientos por parte de los acusados.

Las investigaciones han revelado que la relación entre Gutiérrez Becerril, Turrent Schnaas y WhiteWater Midstream se remonta a varios años, indicando una posible colusión para favorecer a la empresa con contratos públicos. La hipótesis de los investigadores es que estos contratos fueron adjudicados debido a la estrecha relación entre los exfuncionarios y los directivos de WhiteWater.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, los procesos legales han enfrentado múltiples obstáculos. En varias ocasiones, las audiencias han sido pospuestas, permitiendo que Gutiérrez Becerril y otros implicados eviten enfrentar a la justicia de manera directa. Las autoridades mexicanas han advertido que, de no presentarse a las próximas citas judiciales, se emitirá una orden de aprehensión en su contra.

En Estados Unidos, las autoridades también están siguiendo de cerca el caso, investigando las transacciones y la posible implicación de empresas adicionales vinculadas a los acusados. La complejidad del caso y la cantidad de actores involucrados han dificultado el avance rápido de las investigaciones, pero se espera que en los próximos meses se tomen decisiones cruciales para llevar a los responsables ante la justicia.