La reciente reforma judicial aprobada en México, que busca elegir jueces por voto popular, podría deteriorar la calidad crediticia del país, según Moody’s.
El 11 de septiembre de 2024, el Senado mexicano aprobó una reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma incluye cambios significativos, como la elección de jueces a través del voto popular y la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal. La propuesta ha generado un intenso debate debido a su potencial para alterar el equilibrio de poderes en México y concentrar más poder en el ejecutivo.
Moody’s, una de las principales agencias calificadoras del mundo, emitió una advertencia tras la aprobación de la reforma, indicando que podría afectar negativamente la calificación crediticia soberana de México. La agencia señaló que la politización del proceso de elección de jueces podría debilitar la independencia judicial, lo que, a su vez, aumentaría la incertidumbre legal y financiera en el país. Esta situación podría desencadenar un aumento en los costos de la deuda y desincentivar la inversión privada, factores que son críticos para la estabilidad económica de México.
«El debilitamiento de los controles institucionales y la incertidumbre que genera esta reforma podría impactar negativamente en la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad de México»
Comentó un analista de Moody’s. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, senador y uno de los principales defensores de la reforma, afirmó que «la elección de jueces por voto popular fortalecerá la democracia y permitirá que el poder judicial refleje mejor la voluntad del pueblo».
Datos y estadísticas
Según un informe reciente, la calificación crediticia de México se encuentra actualmente en ‘Baa1’ con perspectiva estable, lo que refleja un nivel moderado de riesgo de crédito. Sin embargo, Moody’s ha señalado que de implementarse sin modificaciones, esta reforma podría resultar en una revisión a la baja de la calificación, lo que encarecería el acceso del país a financiamiento internacional. Además, se estima que el costo de la deuda podría incrementarse en un 10% debido a la percepción de riesgo incrementada por esta reforma.
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La aprobación de esta reforma judicial llega en un momento crucial para México, con un contexto económico global desafiante y la necesidad de atraer inversión extranjera para sostener el crecimiento económico. La posibilidad de una disminución en la calificación crediticia podría tener efectos adversos de largo plazo, limitando las capacidades del gobierno para financiar proyectos y mantener la estabilidad macroeconómica.
El futuro de esta reforma aún es incierto, dado que enfrenta un desafío de implementación bajo la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es probable que se requieran ajustes y negociaciones adicionales para mitigar los riesgos identificados por Moody’s, especialmente en un contexto donde la independencia judicial es fundamental para el estado de derecho y la confianza en el sistema económico.
Fecha Publicación: 12 de septiembre de 2024
