Ciudad de México. – Las reformas a la Ley Aduanera, que entraron en vigor en 2026, han transformado el incumplimiento en comercio exterior de un riesgo manejable a una amenaza financiera grave. Las nuevas regulaciones aumentan el control y las sanciones, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Bajo la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se han establecido multas que pueden alcanzar hasta el 300% del valor comercial de la mercancía. Errores en el etiquetado o clasificación arancelaria pueden resultar en embargos que interrumpen completamente operaciones comerciales.
La afectación a las Pymes es crítica, puesto que más del 99% de las empresas en México pertenecen a este segmento. Aproximadamente el 40% de las firmas exportadoras son pequeñas empresas, para las que una sola multa podría significar la pérdida de un contrato o una severa restricción en su flujo de efectivo.
Las nuevas tecnologías implementadas en la fiscalización han hecho que la identificación de errores sea más rápida y efectiva. Ante esta situación, reaccionar eficientemente se ha vuelto indispensable para evitar sanciones que pueden comprometer la viabilidad financiera de las empresas afectadas.
Adicionalmente, sectores como el automotriz, electrónico y textil, que dependen en gran medida de insumos importados, enfrentan un aumento en costos logísticos y riesgos de interrupciones en sus cadenas de suministro. Con más del 80% de las exportaciones manufactureras de México basadas en componentes importados, cualquier contratiempo aduanal se magnifica a lo largo de toda la cadena productiva.