San Diego, California. – En la última década, casi la mitad del flujo migratorio mundial de mujeres se ha concentrado en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas de estas mujeres buscan escapar de la violencia y encontrar mejores oportunidades, pero enfrentan altos riesgos de abuso y dificultades en el acceso a servicios esenciales. Actualmente, cerca de cinco millones de mujeres en México nacieron en el país y el 48% de los hogares son liderados por madres mexicanas.
Alicia Kerber, cónsul general de México en San Diego, destacó el aumento de la migración femenina, subrayando que muchas afrontan violencia o carecen de oportunidades en sus lugares de origen. Durante un foro binacional sobre el acceso de las mujeres a la justicia el 11 de marzo, se evidenció que las autoridades aún no comprenden completamente esta compleja situación.
La doctora Janet García Alcaraz, investigadora de “El Colegio de la Frontera Norte”, analizó la “Alerta de Violencia de Género” implementada en Baja California en 2021. Esta declaratoria obligó a establecer políticas públicas centradas en la prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, específicamente diseñadas para proteger a las mujeres migrantes. Resaltó la importancia de crear programas con un enfoque intercultural y de garantizar servicios de traducción para facilitar las denuncias.
María Magdalena Bautista, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, explicó que la alerta de género también permitió mejorar infraestructuras, incluyendo la apertura de CEJUM en áreas con alta vulnerabilidad. En Oaxaca, la directora Tania Albarrán Ocampo describió las complejidades que enfrentan las mujeres migrantes, quienes provienen tanto de Centroamérica como de comunidades oaxaqueñas, resaltando la necesidad de un mayor número de centros de justicia para atender a la población indígena y migrante.
Desde el lado estadounidense, Summer Stephan, fiscal del condado de San Diego, enfatizó la importancia de la justicia sin importar el estatus migratorio. Hizo hincapié en la cooperación entre centros de justicia en ambos países, lo que permite brindar protección a víctimas de explotación. Mientras tanto, Diane Doherty, directora de Your Safe Place-San Diego Family Justice Center, recordó la necesidad de un modelo integral que facilite el acceso a servicios legales y psicológicos para sobrevivientes de violencia.