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Estados Unidos

Mexican national pleads guilty for exploiting migrant farmworkers

Un mexicano se declara culpable de explotar a inmigrantes con visas H-2A en Tampa, revelando graves abusos laborales.

Por Redacción1 min de lectura
Un caso de explotación laboral revela el abuso de trabajadores con visas H-2A.
Un caso de explotación laboral revela el abuso de trabajadores con visas H-2A.
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Tampa, Florida. – Un nacional mexicano, Alexander Villatoro Moreno, se declaró culpable de conspiración bajo la Ley RICO, tras ser acusado de engañar y explotar a trabajadores agrícolas inmigrantes con visas H-2A entre 2015 y 2017. La denuncia fue anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. el martes.

Villatoro, de 53 años, conocido como “Quichi”, formaba parte de una empresa que reclutaba a inmigrantes mexicanos para trabajar en EE. UU. bajo estas visas. Un gran jurado federal había presentado acusaciones contra varios implicados, de los cuales cuatro ya habían aceptado su culpabilidad, lo que apuntaba a una red de explotación sistemática.

Los registros judiciales revelan que Villatoro fue supervisor y gerente de Los Villatoros Harvesting, con operaciones en varios estados, incluyendo Florida, Indiana y Georgia. La acusación destaca que el grupo cobraba tarifas de reclutamiento a los trabajadores, quienes eran desinformados sobre salarios, condiciones laborales y reembolsos por los altos costos de contratación.

Los trabajadores enfrentaban duras condiciones laborales, trabajando hasta siete días a la semana por salarios inferiores a los legalmente establecidos. Además, Villatoro y sus co-acusados imponían deudas, confiscaban pasaportes, y sometían a los empleados a condiciones de vida insalubres y degradantes, utilizaban amenazas de violencia a sus familias en México para mantener el control.

Villatoro también es señalado por obstruir la investigación federal al preparar información falsa sobre pagos y distribuir recibos fraudulentos para aparentar cumplimiento con la ley. Su declaración de culpabilidad incluye varios cargos relacionados con la conspiración y podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000.

La investigación fue apoyada por varias agencias, incluyendo el FBI y el Departamento de Trabajo, además de la colaboración del Gobierno de México, que extraditó a Villatoro Moreno.

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