Phoenix, Arizona. – Legisladores de Arizona enfrentan una demanda tras impedir el acceso a activistas de la organización Living United for Change in Arizona (LUCHA), quienes buscaban expresar su oposición a un proyecto de ley que requeriría la presencia de agentes de Inmigración y Aduanas en sitios de votación.
El incidente ocurrió en febrero, cuando varios miembros de LUCHA recibieron avisos de desalojo que les prohibieron la entrada al edificio del Senado durante el resto de la sesión legislativa. La organización considera que estas acciones constituyen una clara discriminación racial y de opinión, violando sus derechos bajo la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
En su demanda, LUCHA afirma que sus miembros han sufrido daños directos por las prohibiciones impuestas y solicita que se considere inconstitucional esta medida. Ocho miembros de la organización también figuran como demandantes, buscando la anulación de las restricciones y compensación por los daños sufridos.
El portavoz del Senado, Kim Quintero, defendió las acciones como consistentes con el cumplimiento de la ley, afirmando que no estaban dirigidas a ninguna organización. Sin embargo, la senadora demócrata Analise Ortiz indicó que estas medidas tienen un efecto desproporcionado sobre las comunidades de color, destacando que muchas personas latinas quedaron excluidas de un espacio que les pertenece.
Petersen, presidente del Senado, había mencionado anteriormente que las acciones se tomaron en cooperación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, aunque en la demanda se critica la falta de claridad en los avisos de desalojo, que no especificaron nombres y no cumplían con procedimientos oficiales.