Washington, D.C. – La Junta de Apelaciones de Inmigración ha emitido una decisión que permite al gobierno de Trump dificultar la protección de más de 500 mil beneficiarios del programa DACA, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Este cambio plantea preocupaciones significativas sobre el futuro de aquellos que han construido sus vidas en los Estados Unidos.
Se estima que cerca de 300 beneficiarios de DACA fueron detenidos el año pasado, de los cuales al menos 174 han sido deportados. Estas detenciones han suscitado un contexto tenso y preocupante, dado que muchos afectados han vivido en el país durante la mayor parte de sus vidas, como es el caso de María de Jesús Estrada Juárez, quien fue deportada a México a pesar de tener DACA.
La congresista Delia Ramirez, demócrata de Illinois, ha criticado la decisión de la BIA, señalando que el propósito del DACA era proteger a personas que llegaron al país de niños, quienes no conocen otra vida que la de EE. UU. La incertidumbre que enfrentan ahora es alarmante para comunidades que dependen de estas protecciones.
El cambio de política también coincide con la reciente reestructuración del sistema judicial de inmigración, donde más de 140 nuevos jueces de deportación han sido nombrados tras la destitución de cientos de jueces por parte de la administración actual. Esto ha provocado una aceleración de los procesos de deportación, lo que ha llevado a críticos a cuestionar la integridad del sistema de justicia migratoria.
La decisión de la BIA podría llevar a nuevas propuestas legislativas en un intento por proteger a los beneficiarios de DACA. La situación continúa siendo un tema crítico dentro del debate sobre la inmigración en Estados Unidos.