Orlando, Florida. – Melani Candia se convirtió en un ejemplo de la incertidumbre que enfrentan miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Este año, las largas esperas para renovar su permiso de trabajo resultaron en la pérdida de su empleo y el temor a ser detenida, tras casi una década de residir legalmente en EE. UU.
Las demoras en las solicitudes de renovación del DACA, que permiten a inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños trabajar y vivir temporalmente sin temor a la deportación, han alcanzado niveles alarmantes. Beneficiarios como los más de 500,000 “Dreamers” reportan esperas de meses, lo que genera un riesgo significativo de perder su autorización laboral y otros servicios esenciales.
Greisa Martinez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, ha indicado que estos retrasos no son simples casos aislados, sino que reflejan un problema sistemático con el que enfrentan las comunidades migrantes. Las investigaciones indican que algunos solicitantes han tardado hasta seis meses en recibir respuesta sobre su renovación, atestiguando un aumento drástico en los tiempos de espera desde los promedios de años anteriores.
El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que las dificultades técnicas en el sistema han contribuido a la situación, aumentando considerablemente los tiempos de procesamiento. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para personas como Elsa Sanchez, quien, tras esperar más de cinco meses, se encuentra en un limbo laboral, sin ingresos y preocupada por su situación.
Los legisladores federales están presionando al USCIS para abordar estas largas esperas y han empezado a cuestionar si los que pierden su estatus están siendo objeto de detenciones. Con más de 250 beneficiarios arrestados y decenas deportados en 2025, la preocupación por el futuro de muchos “Dreamers” es creciente, dejando a la comunidad inmigrante en un estado de alarma.