Houston, Texas. – Un acuerdo propuesto en un caso de fraude inmobiliario en Texas destinaría $20 millones de víctimas hispanas a cumplir con medidas de control migratorio en sus comunidades. La coalición de grupos de defensa de inmigrantes y derechos civiles presentó un amicus brief el 3 de marzo para rechazar el acuerdo del Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso Consumer Financial Protection Bureau et al. v. Colony Ridge Development LLC.
El caso acusa a prestamistas y desarrolladores de Houston de apuntar a consumidores hispanos con prácticas de préstamos depredadores y mejoras de infraestructura inadecuadas, lo que ha llevado a múltiples ejecuciones hipotecarias y violaciones de la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Oportunidad de Crédito Igual. Si se aprueba, gran parte del acuerdo de $68 millones se destinaría a mejoras de infraestructura y expansión de iniciativas de vivienda asequible.
Sin embargo, $20 millones se utilizarían para aumentar la “presencia y efectividad de los cuerpos de seguridad” en los vecindarios hispanos. El lenguaje del Departamento de Justicia combina intereses de vivienda justa con retórica relacionada con la administración anterior, que enfatizaba las deportaciones masivas. El Subprocurador General, Harmeet K. Dhillon, declaró que el acuerdo busca promover la seguridad pública y el acceso a la vivienda.
Organizaciones como Democracy Forward y la Alianza Nacional de Vivienda Justa argumentan que el acuerdo afecta negativamente a los consumidores que han sido defraudados. Aseguran que la propuesta podría resultar en mayor vigilancia y potenciales detenciones, separaciones familiares o deportaciones para las mismas víctimas de la estafa.
La propuesta también permitiría a los demandados aumentar el costo de parcelas para compensar los $48 millones necesarios para mejoras de infraestructura. Esto no beneficiaría a quienes han perdido sus propiedades e inversiones debido a ejecuciones hipotecarias. La presidenta de la Alianza Nacional de Vivienda Justa, Lisa Rice, destacó que se requiere más que mejoras de infraestructura para hacer justicia.