Washington D.C. – La administración de Donald Trump ha comenzado a reestructurar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el sector de bienes raíces comerciales. Esta reorientación se produce tras la revocación de un mandato del presidente Lyndon B. Johnson, que exigía a los contratistas federales promover la igualdad de oportunidades laborales.
Desde enero de 2025, el gobierno ha tomado medidas drásticas, incluyendo el despido de miles de empleados de agencias con funciones DEI y la cancelación de subvenciones para formación en este ámbito. Las investigaciones se han intensificado en torno a cómo las empresas privadas aplican estas iniciativas en sus procesos de contratación y promoción.
Iniciativas como el Programa de Asociados en Bienes Raíces de Nueva York y la Beca Ejecutiva Spark de CRE están diseñadas para mejorar la representación de grupos diversos. Estos programas buscan conectar a profesionales subrepresentados con oportunidades en empresas que demandan este talento. Sin embargo, la amenaza de una revaloración de estas estrategias se siente en la industria.
La rebranding de las políticas de DEI ha sido evidente; términos tradicionalmente asociados con estos esfuerzos han sido sustituidos por conceptos como “comunidad” y “talento.” Expertos señalan que muchas empresas optan por esta estrategia para evitar conflictos con el gobierno federal y con grupos que podrían demandar por discriminación inversa.
La presión del gobierno federal sobre las iniciativas DEI se intensifica con investigaciones utilizando la Ley de Reclamos Falsos, que busca identificar a las empresas que podrían estar infringiendo normativas mientras celebran contratos federales. En este contexto, algunas empresas, como IBM, ya han enfrentado consecuencias legales significativas relacionadas con sus programas de DEI.
