La política energética de la administración de Claudia Sheinbaum representa una de las apuestas más ambiciosas y debatidas en la historia reciente de México. Su hoja de ruta —que combina el fortalecimiento del Estado con una retórica ambiental— ha sido tanto elogiada por quienes valoran la soberanía energética como cuestionada por quienes la consideran un paso atrás en la transición verde.
Reversión de la reforma de 2013: restaurar el Estado… a medias
Uno de los primeros movimientos clave de la administración Sheinbaum fue revertir aspectos centrales de la reforma energética de 2013, impulsada por Peña Nieto para liberalizar el sector. En octubre de 2024 se publicó una reforma constitucional que regreso a Pemex y la CFE como entidades públicas, no ya como “empresas productivas”, garantizándoles un 54 % del mercado eléctrico, quedando el 46 % restante para generación privada. Este cambio busca “reclamar la esencia pública” del sector energético y reafirmar la soberanía nacional.
Sin embargo, la estrategia no excluye de tajo al sector privado. Se mantiene una participación significativa para actores externos, bajo condiciones reguladas por organismos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la naciente Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta postura híbrida trata de conjugar control estatal con participación privada, aunque la balanza claramente inclina el poder hacia una gran concentración de recursos públicos.
Iniciativas centrales: inversión, reforma estructural, y austeridad
La administración ha desplegado un paquete legislativo robusto. En marzo de 2025 se impulsó una reforma energética que fortaleció la prioridad de CFE y Pemex, limitó la participación privada y prohíbe a terceros gestionar transmisión y distribución. Esta medida reorganiza la estructura del mercado eléctrico en favor del Estado. Para Sheinbaum la rectoría del Estado en el sector energético es estratégico e ideológico.
En paralelo, se anunció un plan de inversión masiva: alrededor de 23 400 millones de dólares para infraestructura energética hasta 2030, repartidos entre generación, transmisión y distribución. Este monto incluye una visión centrada en modernizar el sistema y sostener el control estatal.
Con esto en mente, cabe destacar un proyecto emblemático: la construcción de una planta termosolar en Baja California Sur, valorada en 800 millones de dólares, que aprovechará almacenamiento térmico y busca impulsar la generación limpia en zonas aisladas y afectadas por apagones frecuentes.
Por otro lado, el gobierno anunció una reestructuración fiscal para simplificar el régimen impositivo de Pemex, buscando darle perspectiva financiera y operativa más sostenible. Esto incluye consolidar varios impuestos en uno solo, con tasas diferenciadas, prioridad en el manejo eficiente y el pago de deuda sin depender de mercados externos.
Energía limpia: ambiciones con matices de urgencia
En materia ambiental, la Presidenta Sheinbaum fiel a su perfil académico, ha expresado un compromiso con las fuentes verdes. Se ha trazado el objetivo de alcanzar 45 % de generación proveniente de renovables para 2030, apoyado por 23 GW adicionales de capacidad, más proyectos de transmisión y distribución. La central termosolar en Baja California Sur es un ejemplo palpable de esta apuesta. Además, se contempla generar entre 6 000 y 9 000 MW adicionales de energía limpia hacia 2030, con apoyo de asociaciones público-privadas.
No obstante, no todo ha sido transición verde: el gobierno también ha explorado el fracking como una alternativa para reducir la dependencia del gas importado, pese a la herencia ambiental de Sheinbaum como científica climática. Se plantean aumentar la producción hasta 5 mil millones de pies cúbicos diarios mediante alianzas público-privadas. Esta decisión ha generado tensiones y resistencia dentro de Morena y entre ecologistas.
Por si fuera poco, en el sector energético, la nueva secretaria de Energía, Luz Elena González, ha enfatizado que no se oponen a la inversión privada siempre que sea transparente y beneficie al interés nacional. También rechazó el fracking por motivos ambientales y propuso nuevas figuras de asociación mixta y un fondo con Banobras para garantizar inversiones desde 2025.
Transparencia, centralización y riesgos institucionales
Un aspecto problemático de este modelo es la tendencia a concentrar el poder en el Ejecutivo. En 2024–2025 se eliminaron siete organismos autónomos, entre ellos los reguladores del sector energético (CRE, CNH), en aras de “eficiencia”. Aunque se argumenta ahorro y gobernabilidad, esto genera inquietudes sobre falta de fiscalización, concentración de decisiones y erosión de la autonomía técnica.
Soberanía vs. sostenibilidad
La política energética de Sheinbaum navega en aguas contradictorias: por un lado, apuesta por recuperar la soberanía del Estado sobre CFE y Pemex, defender la capacidad operativa pública y potenciar la infraestructura nacional; por otro, busca aumentar la generación limpia y modernizar el sistema.
El gran acierto está en el impulso a la infraestructura energética, especialmente la planta termosolar y la inversión masiva. El enfoque en renovables —objetivo del 45 % para 2030— es un paso firme en la dirección correcta. Además, la reestructuración fiscal de Pemex, si logra eficiencia sin sacrificar responsabilidad, puede corregir un lastre financiero histórico.
Sin embargo, las señales mixtas respecto al fracking, la centralización de poder y la dependencia continua de Pemex —una empresa históricamente endeudada— son motivos de alarma. Si bien se prometen gestiones mixtas con transparencia, el riesgo de captura política y falta de autonomía regulatoria persiste.
De esta forma, la política energética de la Presidenta Claudia Sheinbaum representa un intento audaz por redefinir el rol del Estado en el sector, impulsar renovables y restaurar la soberanía energética. Es una línea intermedia entre nacionalismo y modernización verde. Pero la tensión entre eficiencia, autonomía reguladora y protección del medio ambiente requiere ajustes urgentes.
Si Sheinbaum logra equilibrar visión ecológica con fortaleza institucional, este sexenio podría dejar un legado energético de transformación sostenible.
