Cómo las estrategias del gobierno mexicano reflejan mecanismos similares a regímenes autoritarios históricos
A lo largo de la historia, los regímenes con vocación autoritaria han recurrido a diferentes mecanismos legales y extralegales para consolidar su poder. Aunque los contextos históricos y culturales varían, existen elementos comunes que evidencian una misma pulsión: la intención de eliminar los contrapesos institucionales, suprimir las voces críticas y perpetuar un poder sin rendición de cuentas. La aprobación de la Ley Habilitante en Alemania en 1933 por el régimen nazi y los métodos que ha desarrollado el gobierno de la Cuarta Transformación en México comparten en su esencia una preocupante afinidad: la voluntad de suprimir la pluralidad democrática.
La Ley Habilitante (Ermächtigungsgesetz) fue la pieza legal clave que permitió a Adolf Hitler legislar sin la intervención del Parlamento. Aunque fue aprobada mediante procedimientos legales y dentro de una estructura republicana, el contexto en que se dio estuvo marcado por intimidaciones, represión a opositores y un fuerte control de los medios de comunicación. Con esa ley, el régimen nazi desmanteló la democracia alemana desde adentro, valiéndose de herramientas legales y una narrativa populista para justificar sus acciones.
Actualmente, en México, aunque no existen campos de concentración ni una maquinaria de guerra en marcha, los métodos de erosión institucional presentan un inquietante parecido estructural. Desde el inicio del sexenio, la Cuarta Transformación ha llevado a cabo un ataque sistemático contra diversos organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros. Bajo el argumento de que son “gastos innecesarios”, “simulaciones” o “enemigos del pueblo”, el gobierno ha pretendido justificar su desmantelamiento.
Esa narrativa, que disfraza su afán de control con discursos de austeridad, ha permitido al Ejecutivo concentrar un poder sin precedentes. Paralelamente, se han impulsado reformas electorales que reducen el financiamiento de los partidos de oposición, los marginan en los medios y los desacreditan en las conferencias matutinas presidenciales. El mensaje es claro: la oposición es corrupta, “conservadora” o golpista. En una democracia saludable, la oposición funciona como un equilibrio indispensable; en una vía autoritaria, se percibe como un obstáculo que debe ser neutralizado o eliminado.
Una de las estrategias más preocupantes del actual régimen ha sido el hostigamiento constante a los medios y periodistas críticos. Desde el púlpito presidencial, se señala con nombres y apellidos a quienes cuestionan al gobierno, acusándolos de estar al servicio de intereses oscuros y fomentando la desconfianza hacia su labor. El caso de Héctor de Mauleón, periodista que ha recibido amenazas tras campañas de linchamiento en redes sociales afines al oficialismo, ejemplifica esta tendencia. En lugar de proteger a los comunicadores, el gobierno ha optado por minimizar los ataques o desviar la atención, permitiendo que el discurso de odio se intensifique.
Lo que se observa en la práctica es un modelo de concentración del poder basado en tres pilares fundamentales: el descrédito de las instituciones, la deslegitimación de la disidencia y la eliminación del debate público. Aunque México no cuenta con una Ley Habilitante en sentido estricto, el conjunto de reformas, la desaparición de órganos autónomos, el ahogo presupuestal y el uso faccioso de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República, funcionan como un entramado habilitante en los hechos. La legislación se realiza sin escuchar a la oposición, mientras que quienes no se alinean son perseguidos o intimidados.
La democracia no siempre muere con un golpe de Estado; en muchas ocasiones, se asfixia lentamente. Esto sucede a través de reformas legales que vacían su contenido, una ciudadanía que deja de alzar la voz, medios de comunicación amedrentados y una oposición acorralada. Los paralelismos con la Alemania de los años 30 no buscan establecer una equivalencia total, pero sí alertan sobre los mecanismos universales que acompañan a los proyectos de poder absoluto.
La Cuarta Transformación, que prometía limpiar la corrupción, ha derivado en una estructura concentradora que reduce el pluralismo a una anécdota y la crítica a una traición. La pregunta no es si México ya es una dictadura, para muchos ya lo es, sino cuánto más puede erosionarse el orden democrático antes de que sea irreversible. La historia, aunque no se repite exactamente, sí rima. No se necesita una bota militar ni un partido único para destruir una democracia: basta con anestesiar a la sociedad, desmantelar los contrapesos, silenciar a los críticos y vestir de legalidad cada abuso.
Si los ciudadanos no reaccionamos con firmeza, si los medios se doblegan por miedo o conveniencia, y si la oposición guarda silencio por cálculo o cobardía, el poder absoluto se habrá instaurado por la vía más peligrosa: la indiferencia.
