El anuncio del 03 de enero de 2026 sobre la captura y “extracción” de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores desde Caracas hacia los Estados Unidos para ser juzgados por cargos federales relativos al narcotráfico y algunos otros delitos, ha generado opiniones encontradas desde diversos puntos de vista: jurídico, político, social, etc.
Inicialmente, esto ha generado una crisis profunda de legitimidad en el orden jurídico internacional, polarizando reacciones en el mundo entero existiendo quiénes las apoyan y quiénes las califican de violaciones a las normas internacionales.
La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados el deber de abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Por tanto, la operación estadounidense en Venezuela no contó con la autorización del Consejo de Seguridad, por lo que se considera una violación a los principios de no intervención y de la soberanía estatal, los cuales son pilares fundamentales para la paz y la seguridad internacionales.
Al aprehender a un titular del poder ejecutivo en funciones sin el consentimiento de su Estado, se configura una violación a la vulneración de la inmunidad racional, reconocida por el derecho internacional.
Por otra parte, Estados Unidos ha intentado justificar el suceso, al establecer el cumplimiento de una orden judicial emitida por una autoridad interna, sin embargo, al actuar con fuerza militar en un territorio distinto al suyo, desde un aspecto jurídico, excede cualquier contexto de una “aplicación de la ley” legítima, dado que para ello existen organismos internacionales a los cuales acudir para actuar dentro del marco normativo internacional.
Las posiciones de la comunidad internacional han sido variadas. Por ejemplo, China, Rusia y México han condenado fuertemente la operación, argumentando una violación a la soberanía y al derecho internacional. En el caso de Francia, ha criticado fuertemente al señalar que este tipo de acciones pueden erosionar los cimientos normativos internacionales existentes, contradiciendo las soluciones pacíficas de disputas entre Estados.
Es importante reconocer que, desde mediados de 2010, Venezuela ha estado en una crisis política, económica y social. El gobierno venezolano ha sido acusado de violaciones graves de derechos humanos, represión de la oposición, detenciones arbitrarias y debilitamiento de instituciones democráticas, lo que ha generado descontento tanto interno como internacional.
A la vez, hay que recordar que las elecciones de 2024 estuvieron marcadas por acusaciones de fraude y falta de transparencia derivando en una crisis de legitimidad. La oposición por su parte, contaba con evidencia, actas que respaldaban el triunfo de Edmundo González Urrutia.
La injerencia de Estados Unidos inició con la imposición de sanciones económicas y financieras contra altos funcionarios del gobierno venezolano, manifestando advertencias y recompensas por información para la captura de su presidente.
Ante la captura de Maduro y la toma del poder por parte de Delcy Rodríguez, Venezuela enfrenta un escenario de reconfiguración interna con relaciones externas. El comunicado de Estados Unidos de retomar operaciones técnicas marca un reinicio de relaciones diplomáticas funcionales.
Desde el sistema interno, se requiere una transición política que implicaría reformas a la constitución, negociaciones para presos políticas y alianzas partidistas. La oposición y la sociedad civil, indudablemente buscarán elecciones libres, sin embargo, esto dependerá de la voluntad política de las fuerzas internas.
Desde una visión prospectiva, podemos señalar 3 aspectos:
- En primer lugar, la posibilidad de que se realice un proceso de transición bajo acuerdos internos con la mediación de actores internacionales y regionales, que permita una reforma electoral, liberación de presos políticos, elecciones libres, lo cual requeriría voluntad política tanto del gobierno interino en turno como de la oposición y diversos órganos externos.
- En segunda instancia, una resistencia prolongada del chavismo y los diversos sectores que lo apoyan, aprovechando la narrativa de defender su soberanía frente a la agresión extranjera y limitando las reformas antes mencionadas.
- En tercer lugar, si el estado actual continua sin negociaciones inclusivas, podría producirse una regresión autoritaria, limitando las libertades o injerencia de actores externos en decisiones propias del Estado.
La centralización del poder desde el año 2000, ha prácticamente acabado con la independencia de los demás poderes públicos y, por ende, limitado la rendición de cuentas, lo que ha generado una crisis política, migración masiva, clientelismo, entre otros, por lo que se requieren reformas que generen un balance de poder interno.
Para concluir, desde el punto de vista político, los venezolanos se encuentran en un dilema, el potencial de una transición negociada con injerencia internacional existe, sin embargo, enfrenta resistencia interna y una gran polarización. Su futuro dependerá del equilibro de presiones para generar una reforma democrática – electoral, voluntad política de sus gobernantes y la oposición y del enfoque que de la comunidad internacional para lograr soluciones diplomáticas pacíficas.
