Expertos señalan que un Congreso Constituyente es clave para abordar la corrupción y modernizar el marco legal del país
México ha experimentado en su historia tres grandes transformaciones que han estado acompañadas de sendas constituciones. La primera, durante la Independencia, fue un reglamento que se ajustaba a lo establecido en la Constitución de Cádiz, vigente en el primer y breve imperio de Agustín de Iturbide. Este documento sentó las bases del Estado mexicano en un contexto de transición y consolidación de su soberanía.
Con la llegada de la República, en 1824, se promulgó una nueva Constitución que reflejaba los cambios políticos y sociales del país en ese momento. La segunda gran transformación ocurrió en 1857, tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, con la Constitución liberal que ha sido, quizás, la más importante en la historia de México. Esta carta magna sentó las bases para las leyes y principios que aún rigen en el país, aunque ha sido modificada en múltiples ocasiones mediante reformas y contrarreformas.
El siguiente hito fue la Constitución de 1917, que surgió en el contexto de la Revolución Mexicana y con un marcado carácter social. En teoría, es la que actualmente rige en México, aunque en la práctica ha sido objeto de numerosas reformas que han fragmentado y enmendado su texto original. La realidad es que, después de más de un siglo, la Constitución de 1917 presenta un entramado complejo y, en algunos aspectos, obsoleto para afrontar los desafíos actuales.
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En la coyuntura presente, si realmente se aspira a una transformación genuina y profunda, resulta imprescindible convocar a un congreso constituyente. La urgencia de esta iniciativa radica en aprovechar la mayoría legislativa favorable al oficialismo, que podría no repetirse en un futuro cercano. La oportunidad de redactar una nueva carta magna debe ser aprovechada con prontitud para impulsar cambios estructurales que permitan modernizar el Estado mexicano.
Uno de los aspectos fundamentales que debe integrar una nueva Constitución es el diseño y la implementación efectiva de políticas anticorrupción. La corrupción en México es una problemática que permea todos los niveles del sector público y ha sido una constante obstáculo para el desarrollo del país. La carta magna debe contemplar mecanismos claros, precisos y efectivos para combatila, diferenciándose de los modelos latinoamericanos como Perú o Brasil, donde la inestabilidad política derivada de procesos judiciales ha generado escenarios de crisis institucional.
No es viable copiar modelos que puedan derivar en inestabilidad, como la destitución de altos funcionarios o presidentes por casos de corrupción. La experiencia demuestra que episodios como la destitución de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil por un departamento han generado escenarios de crisis política que afectan la estabilidad del Estado. México requiere un marco legal que permita combatir la corrupción sin poner en riesgo la gobernabilidad ni la cohesión institucional.
Asimismo, la práctica actual en el combate a la corrupción ha evidenciado un uso político de los expedientes. Casos recientes muestran cómo procesos legales contra figuras como Adán Augusto López Hernández o la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, han sido utilizados para desacreditarlos o silenciarlos, dejando en la impunidad a quienes acumulan riqueza ilícita. Esta situación contribuye a un escenario donde la corrupción se normaliza y se perpetúa, afectando la credibilidad del sistema.
El desgaste del régimen actual también es una realidad palpable. La percepción de impunidad y la corrupción arraigada pueden dar paso a una force política diferente, con líderes carismáticos que capitalicen el hartazgo social. Estos actores podrían justificar una nueva Constitución para justificar cambios radicales y, además, desatar persecuciones políticas y jurídicas contra integrantes del sistema actual, incluso aquellos que solo ostentan un cargo y no han sido condenados.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha señalado que la “cuarta transformación” todavía no cumple plenamente con las expectativas. Aunque ha realizado avances en infraestructura y transferencias directas a grupos vulnerables, estas acciones no justifican la legitimidad eterna del actual régimen. La movilización social y el interés por cambiar las estructuras políticas permanecen latentes y pueden desencadenar procesos de transformación más profundos.
Por otro lado, el exdiputado Profirio Muñoz Ledo afirmó que la corrupción en México es vista como una herramienta necesaria para mantener la gobernabilidad. En su visión, la existencia de expedientes abiertos contra funcionarios permite activar o desactivar a estos en función de conveniencias políticas. Este esquema contribuye a que México siga siendo una federación fragmentada, con liderazgos que proclaman su superioridad pero que en realidad consolidan un sistema de poder debilitado y vulnerable.
En definitiva, la necesidad de una nueva Constitución que aborde la parte orgánica del Estado y que permita una transformación estructural es cada vez más evidente. La coyuntura actual ofrece una oportunidad que no debe dejarse pasar, para que México pueda avanzar hacia un sistema más transparente, justo y eficiente, dejando atrás décadas de inercias corruptas y prácticas obsoletas en su marco legal.
