La importancia del papel interpretativo y garante de derechos en el sistema judicial mexicano
En el sistema constitucional mexicano, la figura de la persona juzgadora desempeña un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos constitucionales. Su obligación no se limita únicamente a aplicar normas, sino también a ejercer un control constitucional y convencional sobre ellas, en función del caso que se presenta ante su jurisdicción. Este control se realiza siguiendo las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y teniendo en cuenta principios como el pro persona y la interpretación conforme. De esta forma, la persona juzgadora no solo revisa la coherencia de las normas, sino que se convierte en un garante activo de los derechos fundamentales y en un constructor del equilibrio institucional.
El contexto actual de la sociedad mexicana, caracterizado por una evolución cultural y política constante, demanda un constitucionalismo moderno. Este no se reduce a la simple revisión de normas respecto a la Constitución, sino que implica una revisión profunda del texto normativo en relación con el marco constitucional e internacional. La interpretación que realiza la persona juzgadora debe facilitar una interacción armónica de todo el sistema normativo, promoviendo la certeza jurídica y evitando la expulsión de normas que sean compatibles con los principios constitucionales. La Constitución, por tanto, debe materializarse en la práctica jurisdiccional cotidiana, transformándose en una norma viva que rige la vida social y jurídica del país.
En este escenario, la figura de la persona juzgadora adquiere un papel esencial. Dentro del sistema judicial mexicano, estas personas tienen la facultad de realizar revisiones constitucionales o convencionales sobre las normas que se ponen a su consideración. Estas revisiones pueden hacerse mediante control concentrado, ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados, de Apelación y Juzgados de Distrito a través de recursos como el amparo directo, indirecto, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado, también existe el control difuso, llevado a cabo por cualquier juez o tribunal en el país en el curso de los asuntos que conocen.
Al realizar el estudio de convencionalidad o constitucionalidad, la persona juzgadora asume un rol activo como intérprete. No solo revisa la norma, sino que asegura que los valores, principios y derechos constitucionales permeen todo el orden jurídico. Además, garantiza que las normas secundarias, desde su creación, sean constitucionales, ya que toda norma secundaria debe estar en consonancia con la Constitución. Esto implica que, al momento de aplicar una norma, el juez o magistrado debe verificar que su contenido sea compatible con los principios constitucionales y los tratados internacionales, siguiendo un proceso que contempla tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación.
El principio de interpretación conforme es fundamental en este contexto. Se basa en la idea de que el ordenamiento jurídico es una estructura coherente y unitaria. Antes de declarar una norma inconstitucional, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar un significado que la haga compatible con la Constitución. Solo en los casos en que exista una incompatibilidad clara y definitiva, procederá la declaración de inconstitucionalidad.
De esta manera, la persona juzgadora actúa como un garante del equilibrio entre la letra de la ley y los principios constitucionales, promoviendo una interpretación que respete el marco normativo en su totalidad.
Este papel de la figura juzgadora en el control constitucional y convencional refleja su importancia como intérprete activo y protector de los derechos humanos. La correcta aplicación del control constitucional es fundamental para garantizar que las normas secundarias se ajusten a los principios constitucionales y tratados internacionales, fortaleciendo así la legalidad y la justicia en México. La función de la persona juzgadora, por tanto, va más allá de la simple revisión normativa: es una figura clave para materializar los valores constitucionales en la práctica cotidiana del sistema judicial y en la vida de la sociedad mexicana.
