Análisis crítico sobre la persistencia del fuero parlamentario y sus implicaciones democráticas
El fuero parlamentario en México ha sido objeto de múltiples reformas discursivas, pero las modificaciones estructurales han sido mínimas. Su continuidad evidencia no solo un déficit en la voluntad política, sino también una profunda distorsión del principio de igualdad ante la ley. Mientras las instituciones oficiales insisten en la necesidad de eliminarlo, el diseño normativo mantiene intacto su blindaje. La brecha entre la normativa y su práctica resulta funcional, no casual, y revela un sistema que favorece la impunidad más que la protección de derechos.
Lejos de garantizar la independencia del legislador, el fuero actúa como un mecanismo de inmunidad penal selectiva. Permite a los congresistas evadir responsabilidades legales, convirtiéndose en un refugio en lugar de una protección. Esta protección institucional se transforma en un privilegio, que en la práctica favorece la impunidad y la protección de intereses particulares. México se encuentra entre los pocos países que conservan estos escudos jurídicos sin procedimientos de revisión judicial, lo que contribuye a una percepción de impunidad en casos de corrupción y delitos políticos.
El origen del fuero fue concebido como un mecanismo de protección frente a abusos del poder, con la finalidad de impedir que un legislador fuera perseguido por el ejercicio de su función. En su lógica original, la inviolabilidad se limitaba a opiniones y votos emitidos en el ejercicio del cargo, no a inmunidades penales generales. Países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos adoptaron esta idea, pero con diferencias en su implementación. En México, sin embargo, esta protección fue deformada.
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La Constitución establece en el artículo 61 la inviolabilidad de opiniones legislativas, pero en el artículo 111 se crea la figura de la “declaración de procedencia”, un filtro político previo para iniciar procesos penales.
Este mecanismo no requiere pruebas de persecución ni criterios objetivos, y carece de revisión judicial. Basta que la mayoría en la Cámara de Diputados vote en contra para impedir cualquier acción penal. Así, el ejercicio del derecho penal queda sometido a la voluntad política, convirtiendo al fuero en un poder de veto. Esta estructura ha sido utilizada de manera sistemática para proteger a legisladores acusados de corrupción, violencia o fraude, haciendo que los procesos se conviertan en escudos que bloquean la justicia.
En 2018, se presentó una reforma constitucional que se prometió como un avance histórico para eliminar el fuero. Sin embargo, en realidad, solo amplió los delitos por los cuales el presidente podía ser juzgado, dejando intacto el mecanismo de protección para los legisladores. La declaración de procedencia continúa siendo un obstáculo insalvable, sin consecuencias por denegarla sin justificación. La estructura institucional, por tanto, perpetúa un privilegio que no se condice con los estándares internacionales y que mantiene la protección política sobre la justicia.
Esta simulación reformista mantiene un desequilibrio estructural en el sistema de justicia penal. La autonomía del Ministerio Público sigue siendo dependiente de los votos en el Pleno del Congreso, mientras que el Poder Judicial no puede actuar sin la aprobación legislativa. La apariencia de cambio impide una verdadera reforma, ya que la estructura formal no se acompaña de cambios en la práctica. En otros países, como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido, el fuero parlamentario se ha limitado claramente y con mecanismos de revisión judicial, garantizando que la inmunidad proteja la función, no a los individuos.
En contraste, México conserva un esquema procesal profundamente regresivo. La Cámara de Diputados puede impedir sin criterios técnicos que un legislador sea procesado, basándose en decisiones políticas que no admiten revisión externa. Esto convierte al Congreso en un órgano de protección corporativa, donde la inmunidad se usa como instrumento de impunidad. La figura destinada a proteger la libertad de expresión parlamentaria se ha transformado en un escudo contra la justicia, fortaleciendo la impunidad en lugar de la rendición de cuentas.
La inmunidad funcional debe ser un mecanismo para proteger la libertad del parlamento, no para blindar delitos personales. Cuando el fuero se vuelve un blindaje penal, su naturaleza se corrompe, y la política de legislar su propia impunidad erosiona el principio republicano. Un Congreso democrático no puede coexistir con privilegios procesales que favorecen a unos pocos. Quien representa al pueblo no debe estar por encima del Estado de Derecho, y la igualdad ante la ley no admite excepciones parlamentarias.
La justicia debe ser accesible, oportuna e imparcial. Condicionar su ejercicio al voto político o postergarla por intereses corporativos solo pervierte el sistema. La impunidad parlamentaria no fortalece la democracia, la sabotea. La única vía para una reforma efectiva sería eliminar la declaración de procedencia y sustituirla por un control judicial posterior.
Además, es necesario establecer límites claros a la inviolabilidad y transparentar los procedimientos. Sin control, el poder se convierte en abuso, y la protección institucional en sistema de impunidad.
El actual modelo de fuero ya no es una garantía, sino un privilegio que protege a los corruptos. Mientras permanezca vigente, la justicia seguirá siendo rehén del cálculo político, y la legitimidad del sistema democrático seguirá en entredicho. La ciudadanía debe exigir mayor transparencia y responsabilidad en los procesos. Solo con igualdad y justicia puede construirse una verdadera autoridad legítima, basada en el Estado de Derecho.
El fuero en su forma actual representa una anomalía democrática que requiere una reforma urgente. La democracia madura no protege privilegios, sino derechos. El poder legislativo necesita legitimidad, no blindajes, y esta solo se construye con igualdad y justicia reales.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
