El 2 de septiembre de 2024, Martí Batres reformó la Constitución de la Ciudad de México para subordinar la propiedad privada al interés público y nacional.
La Ciudad de México ha sido testigo de una significativa transformación legislativa que ha captado la atención de diversos sectores sociales y económicos. El jefe de Gobierno, Martí Batres, ha modificado el inciso A), numeral 2, del artículo 3 de la Constitución local, una medida que se presenta como un esfuerzo para alinear las leyes capitalinas con los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma sustituye el «respeto a la propiedad privada» por un enfoque que prioriza la propiedad pública, social y privada, pero siempre bajo la subordinación del interés superior de la Nación. Batres justificó esta modificación como una respuesta a lo que considera un «retroceso neoliberal» que, durante décadas, colocó los intereses privados por encima de los públicos. En una ceremonia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres destacó que esta reforma no solo protege todas las formas de propiedad, sino que también asegura que el Poder Judicial no pueda interpretar las normas en favor de los grupos económicos más poderosos.
“Quedan establecidas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México”
Afirmó Martí Batres durante la presentación del decreto. Además, subrayó que “ceñirnos a lo que dice la Constitución del país es obvio, pero en los años del neoliberalismo se buscó socavar el sentido original del Artículo 27”.
Datos y estadísticas:
El artículo 27 de la Constitución mexicana establece que la propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, otorgándole el derecho de transmitir el dominio a particulares, imponiendo siempre las modalidades que dicte el interés público. Esta reforma, aprobada en sesión extraordinaria por el Congreso de la Ciudad de México el 23 de agosto de 2024, refuerza este principio, buscando evitar interpretaciones que favorezcan a los sectores económicos más poderosos.
Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que el 60% de las propiedades en la Ciudad de México están registradas a nombre de particulares, mientras que el 20% pertenecen al gobierno y el 20% restante a comunidades ejidales. Esta distribución subraya la importancia de las nuevas regulaciones sobre cómo se maneja la propiedad en la capital.
Comentarios:
La reforma propuesta por Martí Batres ha generado un intenso debate. Por un lado, sus defensores argumentan que es un paso necesario para garantizar un desarrollo urbano más equitativo y para corregir las desigualdades creadas durante los años del neoliberalismo. Consideran que la protección de la propiedad pública y social es crucial para asegurar que los recursos de la ciudad se utilicen en beneficio de todos sus habitantes.
Sin embargo, críticos de la reforma advierten que esta podría disuadir la inversión privada y generar incertidumbre jurídica, lo que afectaría negativamente el desarrollo económico de la Ciudad de México. La subordinación de la propiedad privada al interés público podría ser vista como una amenaza por parte de los inversionistas, quienes podrían reconsiderar sus proyectos en la capital.
Fecha Publicación: 3 de septiembre de 2024
