Denuncias del PRI ante la FGR señalan a al menos seis mandatarios morenistas por supuestos nexos con el crimen organizado
Nuevos señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico han afectado a varios gobernadores de Morena, tras la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante la Fiscalía General de la República. La acusación, liderada por el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, involucra a al menos seis mandatarios estatales que, presuntamente, facilitarían la operación del crimen organizado durante sus gestiones.
Actualmente, Morena gobierna en 23 estados del país, regiones en las que algunos indicadores de incidencia delictiva se sitúan por encima de la media nacional. Estados como Tamaulipas, Sonora y Sinaloa ejemplifican esta problemática, con altos niveles de violencia vinculados en parte a la presencia de grupos delictivos. La denuncia en medio de estas circunstancias genera un escenario de tensión política y judicial, en el que se involucra directamente a mandatarios en funciones y exgobernadores.
Entre los señalados por Moreno se encuentran figuras que, según la denuncia, habrían permitido el funcionamiento del crimen organizado bajo sus administraciones. Uno de los casos más destacados es el del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien asumió el cargo en medio de acusaciones relacionadas con financiamiento ilícito. En 2022, circuló una fotografía en la que Villarreal aparece junto a Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste.
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El mandatario negó cualquier vínculo y aseguró que la imagen correspondía a un encuentro casual tras un evento político. Sin embargo, el Partido Acción Nacional afirmó que Villarreal habría recibido financiamiento ilegal proveniente de una red de huachicoleros liderada por Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”. Desde Palacio Nacional y la dirigencia de Morena se ha acusado a la oposición de realizar una “guerra sucia” en su contra, y el gobernador ha rechazado cualquier relación con actividades ilícitas.
En el caso de Sonora, Alfonso Durazo —quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal— también figura en la lista. Durazo, que dejó su cargo para buscar la gubernatura, ha sido objeto de críticas por su gestión en seguridad y por la controversia en torno al “Culiacanazo” de 2019, en el que Ovidio Guzmán fue liberado tras una operación militar. Medios especializados reportaron que la DEA mantiene abierta una investigación no judicializada contra Durazo por presuntos pactos informales con el crimen organizado, además de que podría tener una orden de detención en Estados Unidos por vínculos sospechosos.
Por su parte, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aparece en la lista debido a la ola de violencia que ha azotado su entidad. La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la revelación de una reunión supuestamente sostenida con el narcotraficante en una finca cercana a Culiacán han alimentado las acusaciones. Rocha Moya negó cualquier relación con el crimen organizado y afirmó que en esa fecha se encontraba en Los Ángeles, California. Sin embargo, informes de inteligencia indican que tanto él como su hijo menor, José Rocha Ruiz, podrían estar bajo vigilancia por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Otra mandataria señalada es Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Moreno Cárdenas la acusó de presunto encubrimiento y traición a la patria, además de señalar que en mayo pasado Estados Unidos le revocó la visa junto a su esposo, Carlos Torres Torres. La mandataria afirmó que fue un asunto administrativo, pero algunos reportes periodísticos sugieren que estaría siendo investigada por su participación en una posible red de lavado de dinero que involucraría a funcionarios y empresarios ligados a organizaciones criminales. En junio, Reuters informó que Estados Unidos presionaba para que México investigara a cinco funcionarios de Morena, entre ellos Ávila Olmeda, aunque posteriormente la fuente se retractó, aclarando que no existía una lista oficial de sanciones.
En el ámbito estatal, también figura Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de los senadores del partido. Moreno presentó una denuncia contra López Hernández por presuntos vínculos con el crimen organizado y por su participación en esquemas de huachicol durante su gestión, además de posibles conexiones con la organización criminal “La Barredora”. La denuncia surge en medio de la orden de captura contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, considerado prófugo, y de informes que indican que dicha organización planeaba suministrar más de 200 mil litros de combustible al Tren Maya.
Por último, Moreno también acusó a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, de permitir la operación del crimen organizado en su gestión. Esta denuncia se sustenta en testimonios de exfuncionarios que aseguran que grupos criminales operaron con impunidad en Chiapas entre 2019 y 2021. Además, un exgobernante interino de Chiapas envió una carta al gobierno de Estados Unidos solicitando evaluar la credibilidad de Escandón como representante diplomático, advirtiendo que sus presuntos vínculos podrían representar una amenaza para la seguridad estadounidense.
Este escenario refleja la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en diferentes regiones del país, así como el impacto político que generan las acusaciones de vínculos con actividades ilícitas en el contexto del proceso electoral y la gestión gubernamental.
