La Corte de Apelaciones en Washington DC revisa la legalidad de los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional
La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington DC está analizando la legalidad de los aranceles “recíprocos” que el expresidente Donald Trump impuso en abril a una amplia variedad de socios comerciales, además de los gravámenes aplicados en febrero contra China, Canadá y México. La revisión surge en medio de un debate sobre si estos aranceles están respaldados por las facultades que confiere la ley o si, por el contrario, exceden los poderes del Ejecutivo.
Durante la audiencia, los jueces interrogaron al abogado del gobierno, Brett Shumate, sobre cómo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una normativa aprobada en 1977 que normalmente se ha utilizado para sancionar a enemigos o congelar sus activos, puede justificar la imposición de aranceles. La discusión se centró en si esta ley otorga al presidente la autoridad para establecer estos gravámenes en el contexto de una crisis económica o comercial.
Es importante destacar que Donald Trump fue el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles. La ley, que no menciona específicamente los aranceles, permite acciones económicas en situaciones de emergencia, pero su uso para imponer estos gravámenes ha sido cuestionado por los demandantes. Uno de los jueces comentó que la propia ley “ni siquiera dice aranceles, ni siquiera los menciona”, poniendo en duda si la normativa respalda estas medidas.
Seguir leyendo
Por su parte, Shumate argumentó que la ley confiere una autoridad “extraordinaria” en caso de emergencia, incluyendo la capacidad de detener por completo las importaciones. Además, afirmó que la IEEPA autoriza la imposición de aranceles porque permite al presidente “regular” las importaciones durante una crisis, lo que, en su opinión, justificaría la acción de Trump.
Las entidades y empresas que impugnan los aranceles sostienen que estos no están permitidos por la IEEPA y que, según la Constitución, la autoridad sobre los gravámenes y otros impuestos recae en el Congreso y no en el presidente. La demanda busca que se declare la ilegalidad de estas medidas, argumentando que exceden los poderes ejecutivos y violan los principios constitucionales de separación de poderes.
El abogado de las empresas, Neal Katyal, expresó que la justificación del gobierno para imponer los aranceles representa “una reclamación impresionante de poder que ningún presidente ha afirmado en años”. La discusión en la corte refleja la tensión entre la autoridad ejecutiva y los límites constitucionales en el uso de poderes de emergencia para implementar medidas económicas.
Este caso plantea una serie de interrogantes sobre los límites del poder presidencial en materia de comercio y comercio exterior, especialmente cuando se invoca una normativa de 1977 que no fue diseñada específicamente para la imposición de aranceles. La decisión de la corte será clave para definir si estos gravámenes están legalmente respaldados y si el uso de la IEEPA en este contexto es válido.
Los jueces continúan revisando los argumentos presentados, mientras la controversia sobre la legalidad de los aranceles de Trump sigue vigente. La resolución podría sentar un precedente importante sobre las facultades del Ejecutivo en tiempos de emergencia y su relación con las leyes que regulan el comercio internacional.
El debate refleja la complejidad de aplicar leyes antiguas a situaciones contemporáneas y la necesidad de definir claramente los límites de la autoridad presidencial en decisiones económicas que afectan a múltiples países y sectores. La audiencia en Washington DC marca un paso crucial en el proceso judicial que determinará si estos aranceles pueden mantenerse o deben ser reconsiderados por la autoridad legislativa.
