La suspensión de retenciones favorece especialmente a los grandes propietarios y arrendadores de campos, agravando la desigualdad en el sector agrícola.
La reciente suspensión de las retenciones agropecuarias, aprobada de forma rápida antes de la apertura del mercado, ha generado un impacto diferenciado en el sector agrícola. Mientras que los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades para liquidar sus cosechas, los grandes productores y arrendadores se benefician notablemente. La mayoría de los campos más fértiles, en aproximadamente un 70%, operan bajo arrendamiento, donde los rentistas reciben pagos en granos según contratos establecidos en quintales por hectárea. Esta modalidad, prevalente en regiones como Santa Fe, permite a los propietarios captar rentas mensuales sin depender de la liquidación de la producción. En ese contexto, la medida favorece principalmente a quienes tienen capacidad de gestionar volúmenes significativos de granos y a quienes poseen campos en alquiler, ya que pueden liquidar en mayor volumen post-medida. Expertos advierten que esta acción, además de ser improvisada, podría profundizar las disparidades en un sector clave para la economía nacional. La oposición y algunos actores del sector señalan que los pequeños productores, aún endeudados tras una sequía reciente, sufrirán por el incremento en costos de insumos y por la limitada liquidez para aprovechar oportunidades comerciales como el Hot Sale. La dificultad logística, como transportar y almacenar los granos en silos o acopiadoras, también representa un reto para liquidar la cosecha en el corto plazo y aprovechar las ventajas de la medida. La decisión gubernamental, en medio de un contexto electoral, plantea dudas sobre su efectividad y equidad a largo plazo, y sobre la capacidad de las agroexportadoras para realizar liquidaciones cuando las condiciones del mercado sean favorables.
