El gobierno de Estados Unidos justifica la medida por supuestos abusos contra el expresidente brasileño y sus partidarios
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que incrementa el arancel aplicado a las importaciones brasileñas, efectivo a partir del 1 de agosto, en respuesta a las acciones de las autoridades brasileñas contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es un aliado político suyo.
Según un comunicado oficial, Trump “firmó una Orden Ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40 % sobre Brasil, elevando el arancel total al 50 %, para abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.
La Casa Blanca explicó que la orden concluye que la persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores representan graves abusos de derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil.
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El pasado 9 de julio, Trump comunicó que había enviado una carta al Gobierno de Brasil en la que advertía sobre la posibilidad de aplicar un arancel del 50 % a partir del 1 de agosto, además del impuesto aduanero del 10 % ya establecido desde el 2 de abril. La carta señalaba que los gravámenes no tenían un motivo comercial, sino que respondían a lo que el expresidente consideraba una “caza de brujas” contra Bolsonaro.
El texto oficial subraya que Trump ha “reafirmado constantemente” su compromiso de defender la seguridad nacional de Estados Unidos frente a amenazas externas, incluyendo aquellas que amenazan “la protección de la libertad de expresión, la protección de las empresas estadounidenses contra la censura ilegal y la exigencia de responsabilidades a quienes violan los derechos humanos”.
Asimismo, el comunicado denuncia que el Gobierno de Brasil ha tomado “medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses, obligándolas a censurar discursos políticos, expulsar usuarios de sus plataformas, entregar datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modificar sus políticas de moderación de contenido”.
Estas acciones, según la Casa Blanca, “socavan no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de Estados Unidos de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales tanto en ese país como en el extranjero”.
El texto también hace referencia al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, quien impuso medidas cautelares a Bolsonaro por su intento de golpe de Estado en 2022, y que hoy mismo fue sancionado por Washington.
La Casa Blanca acusa a Moraes de abusar “de su autoridad judicial para amenazar, atacar e intimidar a miles de opositores políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia”, además de hacerlo “en detrimento de las empresas estadounidenses que operan en Brasil”.
En este contexto, denuncia multas elevadas, la exclusión del mercado brasileño de redes sociales y el congelamiento de activos para estas compañías, en referencia a las órdenes del Supremo brasileño para bloquear o eliminar publicaciones y cuentas relacionadas con Bolsonaro.
También se menciona que Moraes supervisa el procesamiento de Paulo Figueiredo, nieto del expresidente de la última dictadura militar brasileña, investigado por su posible rol en el intento de golpe de Estado de 2022 impulsado por Bolsonaro.
Las sanciones del gobierno estadounidense, enmarcadas en la Ley Magnitsky, autorizan a Washington a actuar contra ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, y en este caso, se aplican a las acciones de Moraes en Brasil.
