La veda, vigente hasta septiembre, busca proteger los recursos marinos y garantizar la sostenibilidad del sector pesquero en la región.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) anunció la extensión de la veda para todas las especies de camarón en aguas de Quintana Roo hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de proteger los ciclos reproductivos y promover una pesca más responsable. Esta medida, respaldada por recomendaciones del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), busca garantizar la sostenibilidad del crustáceo y facilitar capturas de mayor calidad en el futuro.
A diferencia de otros esquemas de regulación, esta prohibición no afecta directamente a las cooperativas pesqueras locales, ya que sus embarcaciones son en su mayoría propiedad privada de empresarios o armadores particulares, que no dependen de las organizaciones del norte de la región. La mayor concentración de camarón se encuentra en las aguas cercanas a Contoy y en la zona norte, donde la abundancia de este recurso se mantiene relativamente estable. Sin embargo, la presencia de flotas externas, que laboran en estas aguas sin regulación, ha incrementado los costos para los pescadores locales y ha influido en el aumento de los precios para los consumidores.
Durante el primer semestre del año, el precio del camarón ha subido aproximadamente un 15 por ciento en comparación con el año pasado, alcanzando los 700 pesos por kilo en el caso del camarón grande U-12 y afectando tanto a consumidores como al sector restaurantero. Este incremento refleja una problemática del mercado, más allá de la captura local, relacionada con la falta de una regulación integral del mercado pesquero y la competencia desleal de flotas externas.
La iniciativa de extensión de la veda también busca reducir la presión sobre las poblaciones marinas y mantener la actividad pesquera como un sustento esencial para miles de familias en la región. Además, las autoridades mantienen estrictos controles en zonas costeras, reforzando las inspecciones y canales de denuncia para evitar prácticas ilegales que puedan comprometer la recuperación de los recursos marinos en el largo plazo.
