Familias afectadas exigen garantías antes de ser desplazadas por el proyecto ferroviario
La salud de Rosa Icela Navarrete Santa Ana se ha visto deteriorada, ya que padece artritis y diabetes. La situación se agravó después de que el gobierno federal le solicitara abandonar su vivienda ubicada cerca del derecho de vía del tren AIFA-Pachuca, en Huitzila, comunidad perteneciente a Tizayuca, Hidalgo. En esa localidad, alrededor de 5 mil habitantes apoyan la construcción del proyecto ferroviario, pero también exigen que se reparen los daños potenciales en sus viviendas y que la obra genere beneficios sociales para la comunidad.
La vivienda de Rosa Icela es de tabique, cuenta con un portón negro, piso de cemento con castillos y cimientos construidos sobre la avenida 16 de enero, justo al lado de las antiguas vías del tren. Ella señala que en esa casa han vivido cuatro generaciones de su familia. Además, 12 viviendas más serán afectadas por la construcción del tren y, según estimaciones de los residentes, al menos cuatro familias serán reubicadas debido a las obras.
“Es horrible, estamos mal. Nos sentimos defraudadas. Esta casita era de mi mamá”, expresa Rosa Icela, cuyo rostro refleja el cansancio acumulado tras meses de incertidumbre. Con la mirada fija en las paredes y muebles de su hogar, parece intentar proteger su vivienda y todo lo que representa.
Vestida con un delantal a cuadros, con las manos entrelazadas en la sala de su casa, Rosa Icela pide antes del desalojo que se garantice la vivienda en la que será reubicada. Señala que las autoridades federales se comprometieron a pagar la renta para que pueda salir de su vivienda actual; sin embargo, no tiene certeza de que efectivamente cubran el costo del arriendo ni la construcción de la nueva vivienda.
“De repente nos dicen que tenemos que desalojar, que les urge y que no nos preocupemos, que nos vayamos a rentar y que ellos pagarán, pero qué garantía tenemos de que cumplan”, comenta Rosa Icela.
Por ello, exige que la reubicación se realice conforme a lo planteado inicialmente por las autoridades y que las nuevas viviendas sean construidas según las medidas de su propiedad actual. “No queremos lujos, porque no los tenemos”, asegura.
La afectada también destaca que su familia no puso en venta el terreno y que poseen escrituras, por lo que consideran que las autoridades necesitan ese patrimonio. “Tenemos documentos, y ellos lo necesitan. No estamos en contra del progreso”, afirma con firmeza.
Las familias afectadas en Huitzila demandan que las nuevas viviendas se construyan antes de que sean reubicadas, para tener la certeza de contar con un lugar seguro donde habitar. Además, solicitan que la construcción del tren en ese tramo comience solo después de que se hayan entregado las viviendas a las familias que serán desplazadas.
Marisol Rascón Santa Ana, de 50 años, opina que primero deben garantizar que tendrán un hogar antes de proceder con su reubicación. “Nuestro miedo es que nos dejen sin casa. No nos negamos al proyecto, pero me interesa mi vivienda”, expresa, preocupada por la incertidumbre que enfrentan.
A unos 15 minutos de Tizayuca, en Huitzila, los camiones del Ejército que transportan tierra y piedra para el proyecto ferroviario levantan polvo en las calles llenas de baches, en los límites con la entidad mexiquense. La mancha urbana ha avanzado hasta las vías del tren, donde se encuentran casas y la parroquia de San Francisco de Asís. La pobreza afecta a seis de cada diez habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un total de 1,867 viviendas, de las cuales 278 están deshabitadas.
En esa comunidad pasan las vías de carga y, en breve, también las del tren de pasajeros Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Pachuca, que además atravesará municipios como Mineral de la Reforma, Zempoala, Zapotlán de Juárez, Villa de Tezontepec y Tolcayuca. En el Estado de México, el trayecto contempla a Temascalapa, Zumpango, Tecámac y Nextlalpan.
La avenida 16 de enero en Huitzila es uno de los tramos más afectados por la liberación del derecho de vía, con obras y movimientos que impactan directamente en la comunidad. El trazado del corredor ferroviario tendrá una longitud de aproximadamente 55 kilómetros y un ancho de derecho de vía de entre 40 y 50 metros, con el objetivo de conectar la Ciudad de México con Hidalgo. Este tramo es el de mayor demanda entre los proyectos ferroviarios en marcha, debido a los traslados diarios de la población que viaja entre la capital y Pachuca por motivos laborales y académicos.
El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, confirmó que será necesario reubicar principalmente a familias del Estado de México y algunos casos en Tizayuca, como consecuencia de la liberación del derecho de vía para la construcción del tren AIFA-Pachuca.
Por su parte, Miguel González Bautista, alcalde de Villa de Tezontepec, afirmó que existe disposición por parte de los ejidatarios para liberar los derechos de vía del tren, que atraviesa 8.5 kilómetros del municipio y contará con un parador en la tercera sección del parque industrial Platah. El alcalde explicó que los agricultores quieren tener la certeza de que podrán mantener sus caminos interparcelarios para continuar con sus actividades agrícolas entre Villa de Tezontepec y Zempoala.
La demanda social en Huitzila es clara: que el bienestar se distribuya de manera equitativa y que ninguna familia quede en desventaja por el avance del proyecto ferroviario. La comunidad exige que las reubicaciones se realicen con respeto, garantizando que las viviendas sean entregadas antes de que inicie la construcción del tren en ese tramo.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) admitió que reubicará a familias para liberar el derecho de vía del tren AIFA-Pachuca, pero aclaró que este proceso no será inmediato. Además de pagar por las afectaciones a viviendas y terrenos, el gobierno federal tendrá que compensar daños en bardas, cuartos, parcelas y árboles, cuya valoración será realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabi).
Sedatu aseguró que indemnizará por cada metro cuadrado que resulte dañado durante las obras. La dependencia explicó que en una reunión en el salón ejidal de Huitzila, con la presencia de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), se informó que el proyecto de construcción de la vía férrea aún presenta modificaciones y que su inversión total asciende a 50 mil millones de pesos. El plan de trabajo tendrá una duración aproximada de cuatro años.
Las autoridades han realizado varias reuniones informativas con la comunidad, y se prevé que esta no será la última, dada la complejidad del proceso y la interacción con los habitantes afectados.
En la misma reunión, se alertó sobre supuestas asesorías a las familias que están en riesgo de perder sus propiedades por la vía del tren, las cuales prometen gestionar beneficios adicionales. Las autoridades federales insistieron en que no existen intermediarios y que la atención será personalizada para cada afectado.
La representante de Sedatu explicó que la situación jurídica de los predios afectados abarca desde aquellos que acreditan legalmente su propiedad, hasta terrenos adquiridos mediante contratos privados que no han sido escriturados. La dependencia también informó a los propietarios sobre la superficie que será afectada por la vía del tren, estableciendo claramente la cantidad y la situación legal de cada inmueble, además de señalar el monto de la indemnización correspondiente. “Por cada metro afectado, estamos obligados a pagar”, afirmó.
Por uso y costumbres, algunos propietarios entregaron sus viviendas y terrenos a las vías existentes, situación que no debió ocurrir, según las regulaciones. En caso de afectar propiedad privada, Sedatu firmará un convenio de ocupación previa, que implica una expropiación concertada, en la cual el gobierno pagará el 90 por ciento de la indemnización y el resto cuando se publique el decreto expropiatorio, generalmente en un plazo de cuatro a seis meses.
El pago por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se realizará en un plazo de 15 días hábiles tras la firma del convenio, ya sea mediante transferencia bancaria o cheque. La ley establece que el gobierno federal no podrá pagar anticipadamente inmuebles con gravámenes, embargos o procesos judiciales en curso. Si el avalúo resulta en una cantidad mayor, la autoridad tiene la obligación de cubrir la diferencia.
Durante la reunión, también se determinaron las posibles estaciones del tren AIFA-Pachuca, que serán terminales, intermedias y paraderos. Se informó que, en lugar de construir una estación en Huitzila
