Phoenix, Arizona. – Citlali Fontes, una estudiante de 18 años, ha notado un aumento en la vigilancia de inmigración tanto en su vecindario como en sus comunidades en línea. Esta realidad ha transformado su enfoque como activista, generando miedo entre sus compañeros indocumentados, quienes temen que sus publicaciones en redes sociales sean utilizadas en su contra.
Fontes, parte de una familia con estatus migratorio mixto, ha enfrentado la deportación de su padre. En este contexto, su papel en Aliento, una red de apoyo a inmigrantes, ha tomado un giro; se ha convertido en presidenta del Aliento Club de su escuela. Sin embargo, ahora enfrenta dificultades para comunicarse con otros jóvenes indocumentados que temen las repercusiones de las redes sociales.
La vigilancia de las cuentas de redes sociales por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado ha aumentado desde 2016, con el uso de inteligencia artificial para detectar posibles actividades ilegales. Aunque se afirmó que solo se monitorearían publicaciones públicas, muchos defensores creen que esto ha llevado a una vigilancia más extensa, afectando incluso a aquellos que están legalmente en el país.
Fontes ha notado que sus amigos están menos activos en línea por miedo a posibles repercusiones. La situación ha creado un ambiente de aislamiento, provocando que algunos estudiantes indocumentados opten por la educación en línea o se alejen de la escuela. Esta nueva realidad resalta las tensiones entre los derechos de los inmigrantes y las políticas de vigilancia en curso.
La situación se complica aún más con nuevas directrices que apuntan a un monitoreo más riguroso de las publicaciones en redes sociales relacionadas con la ideología antisemitista y la posible amenaza a la seguridad nacional. A medida que se intensifica esta vigilancia, crece la preocupación sobre su impacto en las comunidades vulnerables.
