Hartford, Connecticut. – Líderes estatales firmaron la Ley del Senado 397, que permite a los ciudadanos demandar a agentes de inmigración federal por violaciones a sus derechos civiles. Esta medida se opone a las acciones de la administración de Donald Trump y refuerza el compromiso del estado en proteger a sus residentes.
El gobernador Ned Lamont encabezó la firma del proyecto de ley, rodeado de decenas de defensores y funcionarios. La ley prohíbe a los oficiales de ICE y a otros agentes portar máscaras, salvo en situaciones específicas. La respuesta de los demócratas es un esfuerzo por frenar los arrestos y detenciones de inmigrantes en Connecticut.
Republicanos como el líder de la minoría en la Cámara, Vincent Candelora, critican la legislación, considerándola un truco político. Aseguran que el estado no tiene autoridad sobre políticas federales de inmigración y advierten que probablemente la ley será desestimada por los tribunales federales, aludiendo a una falta de atención a problemas locales urgentes.
En defensa de la nueva ley, el presidente de la Cámara, Matt Ritter, recordó que prácticas como evitar arrestos en lugares de culto han sido respetadas históricamente por todas las administraciones estadounidenses. Afirmó que estas normas han sido fundamentales para mantener la seguridad y el bienestar en las comunidades.
Otras iniciativas en Connecticut incluyen garantizar el acceso a las urnas el día de las elecciones, limitando la presencia de agentes de ICE cerca de los centros de votación. Los legisladores buscan proteger a los votantes de intimidaciones, especialmente ante el contexto nacional de preocupaciones sobre la interferencia federal en procesos electorales.
