Los Ángeles, California. – El Tribunal Supremo de EE. UU. analiza si el Gobierno de Donald Trump puede revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que resguarda a aproximadamente 360,000 haitianos y sirios. Este caso, inédito ante la corte, establecerá un precedente para futuros beneficiarios del programa migratorio.
El TPS otorga protección a extranjeros en peligro de ser deportados, a raíz de conflictos armados o desastres naturales. Los jueces escuchan un reclamo sobre la decisión de Trump de eliminar el TPS, argumentando que el apoyo es “contrario al interés nacional” y que estos inmigrantes pueden volver de forma segura, según la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Grupos de beneficiarios han estado en los tribunales tras la anulación del TPS. Jueces federales han respaldado sus reclamos, señalando que Noem infringió la normativa federal aplicable a las agencias administrativas. La audiencia es crucial, pues su resultado impactará a todos los que dependen del TPS, no solo a los haitianos y sirios involucrados en el caso.
Hasta ahora, alrededor de 1.3 millones de inmigrantes de 17 países se benefician del TPS en EE. UU. La administración anterior ha desestimado varios de estos amparos, incluido el de los venezolanos, quienes también enfrentan un proceso legal. Expertos legales critican fuertemente las acciones del Gobierno de Trump, argumentando que han socavado la ley TPS, un recurso usado por administraciones de ambos partidos políticos.
Más de 600 inmigrantes con TPS se reunieron en la audiencia, algunos accediendo a la corte y otros manifestándose afuera. Los beneficiarios destacan la importancia de la unidad, enfatizando que el impacto de esta decisión podría extenderse a todas las comunidades migrantes. La Corte Suprema, de inclinación conservadora, se enfrenta a la pregunta de si defenderá el Estado de derecho o permitirá la anulación de protecciones migratorias establecidas.
