Los Mochis, Sinaloa. – La ceremonia de groundbreaking de una planta de metanol de $3.3 mil millones se tornó en un momento crítico cuando el embajador de EE. UU., Ronald Johnson, advirtió sobre posibles acciones legales contra funcionarios mexicanos relacionados con corrupción. Este mensaje pudo alterar el panorama político y comercial en la región.
Durante su discurso, el embajador elogió el proyecto Pacifico Mexinol, describiéndolo como un paso positivo para la inversión sostenible. Sin embargo, abordó el tema de la corrupción, indicando que este problema impide la competencia y ahuyenta la inversión. La protestas al exterior, que llevaron el evento al interior, resaltaron la tensión presente en la comunidad local en torno a la obra.
Reportes indican que EE. UU. ha instado a México a investigar y procesar a políticos vinculados con el crimen organizado. Las acciones podrían incluir extradiciones y otras medidas que sugieren un enfoque estratégico más amplio por parte de Washington para abordar la corrupción, más allá de las mera advertencias diplomáticas.
El proyecto Pacifico Mexinol busca generar empleo en un estado históricamente asentado en la actividad delictiva. La controversia que rodeó la ceremonia demuestra que los riesgos políticos persisten a pesar de la inversión prometida, afectando la confianza de las empresas que podrían verse atraídas a México.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, intentó calmar las preocupaciones durante una conferencia, indicando que su gobierno trabaja en los temas mencionados por EE. UU. Sin embargo, sus comentarios han generado reacciones entre críticos que temen que la presión externa provoque un regreso al nacionalismo.
