Ciudad Juárez, Chihuahua. – Recientemente, un posicionamiento difundido en redes sociales ha generado un debate sobre la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad que involucran a fuerzas federales. El documento argumenta que, dado que estas acciones son coordinadas con el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad debería recaer únicamente en el gobierno federal.
El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Senado, limitando su capacidad para requerir la comparecencia de autoridades estatales. En este sentido, el artículo 93 estipula que el Congreso solo puede convocar a Secretarios de Estado y titulares de órganos autónomos federales, lo que indica que el control político se ejerce exclusivamente sobre estas autoridades.
Cuando los operativos de seguridad están diseñados junto a fuerzas federales, las responsabilidades son igualmente federales. El narcotráfico, considerado un delito de competencia federal, es perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que implica que cualquier solicitud de información sobre estos operativos debe dirigirse a las instituciones federales competentes como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Además, citar a autoridades estatales para responder a acciones federales podría interpretarse como una invasión a la autonomía de las entidades federativas, vulnerando el pacto federal. Este principio exige que la Federación mantenga la dirección de la política de seguridad nacional, con los estados colaborando sin interferir en su conducción. Por ello, cualquier requerimiento del Senado debe limitarse a los mandos responsables de las operaciones federales.
En conclusión, el Senado de la República debe actuar dentro del marco constitucional, asegurando que cualquier requerimiento de información en materia de seguridad y narcotráfico esté orientado hacia las autoridades federales. La citación de gobernadores o fiscales estatales, en este contexto, resulta improcedente y pudiera afectar el equilibrio del pacto federal.
