Ciudad de México, Ciudad de México. – El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico ha puesto de manifiesto no solo fallas en la infraestructura, sino también una problemática ética en la gestión pública y la respuesta del gobierno ante incidentes graves.
Años atrás, la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido sobre una planeación deficiente, omisiones técnicas y decisiones apresuradas en la obra, la cual continuó su curso amparada en su carácter de “prioritaria”. El accidente, y otros percances previos, se vinculan directamente con la cadena de decisiones que rodearon su desarrollo.
La preocupación se agudiza al considerar el papel del hijo del expresidente en la supervisión del proyecto bajo una figura honorífica. Ante evidencias periodísticas y audios divulgados, el gobierno ha optado por cerrar filas, impidiendo cualquier investigación que involucre a la familia presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluso antes de conocer los resultados de la Fiscalía, determinó que no había nada que investigar, un gesto que ha sido criticado por victimización.
Esta postura envía un mensaje divisivo a la ciudadanía, sugiriendo una disparidad en la rendición de cuentas y en el castigo de errores, dependiendo de la cercanía con el poder. Mientras algunos incidentes exigen justicia, otros parecen ser silenciados mediante procesos administrativos.
El Estado mexicano posee la capacidad técnica, jurídica e institucional para esclarecer el suceso. Sin embargo, la falta de voluntad política para investigar a los involucrados en el círculo del poder erosiona la confianza pública y refuerza la percepción de que la ley no se aplica de manera equitativa. Se especula que ya se han designado chivos expiatorios, pero es casi seguro que los apellidos López Beltrán no estarán entre ellos.
Los proyectos políticos no colapsan por accidentes aislados, sino por la acumulación de abusos que son negados. Morena enfrenta un riesgo no por las críticas externas, sino por su dificultad para comprender que gobernar implica someterse al escrutinio y no evadirlo.
Mientras un tren puede ser reparado y devuelto a sus operaciones, la confianza ciudadana, una vez perdida, no siempre se recupera. Ningún movimiento político debe olvidar que la impunidad, aunque más lenta, también conduce al descarrilamiento, y sus costos son significativamente mayores. El futuro de Morena, advierte la narrativa, podría verse afectado por la corrupción y la impunidad.
