Jesús Elizondo propone incluir ciberseguridad en mejora regulatoria
La propuesta de Jesús Elizondo busca fortalecer la protección de datos mediante la inclusión de estrategias de ciberseguridad en la ley de mejora regulatoria de Nuevo León.
El diputado local por MORENA, Jesús Elizondo, ha presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado de Nuevo León con el objetivo de reformar la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa. Esta propuesta tiene como eje central la incorporación de estrategias de ciberseguridad para reforzar la protección de los datos personales en el marco de la digitalización de los procesos administrativos.
Según Elizondo, la inclusión de la ciberseguridad en la política de Mejora Regulatoria proporcionará una mayor seguridad a los ciudadanos y las empresas, protegiendo sus datos de amenazas digitales. Esto no solo generaría confianza en la economía digital, sino que también evitaría pérdidas económicas significativas debido a ataques cibernéticos.
Desde el pleno del Congreso Local, Elizondo explicó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio de MORENA para impulsar la digitalización y simplificación de trámites en el estado. Este enfoque sigue el modelo de buenas prácticas implementado en la Ciudad de México bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“La mejora regulatoria busca establecer reglas claras que fomenten la innovación y la confianza en la economía”, afirmó Elizondo. “Por otro lado, la ciberseguridad protege los datos y sistemas de posibles amenazas digitales, lo que es crucial para el éxito de cualquier estrategia de mejora regulatoria”.
La reforma propuesta, añadió, aplicaría a dependencias y organismos de los sectores público, privado y social. El objetivo es crear un entorno regulatorio más eficiente, desregular procesos innecesarios y mejorar de manera continua los trámites y servicios disponibles para los ciudadanos.
Uno de los puntos clave de la reforma sería la adopción de una estrategia de ciberseguridad en cada área de mejora regulatoria. Esto permitiría proteger de forma proactiva los sistemas y datos utilizados en los trámites administrativos, asegurando que tanto los ciudadanos como las empresas puedan confiar en la infraestructura digital del estado.