Una reciente investigación de la revista Proceso ha revelado presuntos vínculos entre los despachos jurídicos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y empresas factureras relacionadas con el lavado de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva. El reportaje expone que, a través de una compleja red de triangulación de fondos, los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) y GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad de García y su padre, habrían generado ingresos de 2,400 millones de pesos entre 2016 y 2023.

El reportaje también señala a Consultoría Lefinco, fundada por Marcelo Flores —hermano de Miguel Flores, considerado el brazo derecho de García— como el epicentro de estas operaciones. Según la investigación, esta firma habría recibido pagos de Suministro MYR, que luego canalizó recursos millonarios a los despachos de García. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGJNL) estima que el monto lavado a través de empresas vinculadas al cártel asciende a 21 millones de pesos.

Siete empresas asociadas al cártel habrían realizado pagos a Consultoría Lefinco, incluyendo Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA, y MFI Servicios y Asesoría, esta última señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Tamaulipas como una facturera utilizada para lavar grandes sumas de dinero.

Los despachos de García experimentaron un notable incremento en sus ingresos coincidiendo con el avance de su carrera política. Desde octubre de 2021, cuando asumió la gubernatura, la facturación de estos despachos se disparó, alcanzando los 427 millones 843 mil pesos por presuntos desvíos del gobierno. En 2019, los ingresos de FJFA fueron de 103 millones 646 mil pesos, mientras que GMA Firma Jurídica Fiscal facturó 31 millones de pesos. Estos montos crecieron significativamente durante la campaña para la gubernatura en 2021.

Además de los presuntos vínculos con el crimen organizado, la FGJNL ha identificado a los principales clientes de los despachos de García, muchos operando en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones. Entre los clientes más relevantes destacan Grupo Gentor y sus filiales, que habrían pagado más de 770 millones de pesos a los despachos, así como Enerey Latam, BSQ Global Corporation, y Jacer, una empresa proveedora del gobierno investigada por pagos de 202.9 millones de pesos al despacho FJFA.