El gobierno federal declaró ilegal el paro del Poder Judicial iniciado el 21 de agosto, ordenando suspensiones de salarios y posibles despidos si persisten las protestas.

Desde el 21 de agosto de 2024, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han iniciado un paro nacional indefinido en protesta contra la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que plantea la elección popular de jueces y magistrados, ha sido ampliamente criticada por el Poder Judicial, que considera que pone en riesgo su independencia.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La Secretaría de Hacienda, en un comunicado oficial, desconoció la legitimidad del paro, argumentando que no cumple con los procedimientos legales establecidos para una huelga. Además, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que detenga el pago de salarios a los empleados en paro y que considere el despido de aquellos que no retomen sus actividades laborales de inmediato. Esta medida ha intensificado la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

La jueza Juana Fuentes Velázquez, vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, señaló:

«Estamos defendiendo no solo nuestros derechos laborales, sino la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental para la democracia en México.»

Por otro lado, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: «No podemos permitir que un paro ilegal ponga en riesgo la impartición de justicia en el país.»

Datos y estadísticas

Según fuentes internas, más de 1,200 jueces y magistrados votaron a favor de unirse al paro, sumándose a los 55,000 trabajadores que ya habían detenido labores. Hasta la fecha, 124 instalaciones del Poder Judicial han sido cerradas, 45 de ellas de manera total.

La situación plantea un escenario complejo para el Poder Judicial, cuya lucha por mantener su independencia enfrenta una fuerte resistencia por parte del gobierno federal. Las amenazas de despido y la retención de salarios podrían escalar aún más el conflicto, impactando gravemente la impartición de justicia en México.

Fecha Publicación: 22 de agosto de 2024