La iniciativa del presidente busca transferir las funciones de varios organismos autónomos a diferentes secretarías del gobierno federal, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir gastos.

En un movimiento controversial, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha aprobado un dictamen que propone la eliminación de siete organismos autónomos. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende transferir las funciones de estos organismos a diversas dependencias del gobierno federal, argumentando que esta medida aumentará la eficiencia y permitirá ahorros significativos.

El dictamen, que se discutirá en agosto y se votará en el Pleno en septiembre, afectará a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros. Las funciones del INAI, por ejemplo, serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública y otras entidades gubernamentales, mientras que las competencias del IFT pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La propuesta de López Obrador forma parte de un plan más amplio de racionalización administrativa que se enmarca en su política de austeridad republicana. El mandatario ha justificado la eliminación de estos organismos señalando que muchos de ellos duplican funciones y generan gastos innecesarios. Según estimaciones oficiales, la reforma podría ahorrar hasta 100 mil millones de pesos anuales, recursos que, según el presidente, podrían destinarse a otras prioridades del gobierno.

Históricamente, estos organismos autónomos fueron creados para actuar como contrapesos al poder ejecutivo y garantizar la transparencia, la competencia y la evaluación independiente de políticas públicas. La Cofece, por ejemplo, se encarga de promover la competencia en los mercados, mientras que el Coneval evalúa el impacto de los programas sociales. La desaparición de estos organismos y la transferencia de sus funciones a secretarías del gobierno central ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder y la posible reducción en la eficacia y la transparencia gubernamental.

López Obrador ha argumentado que la existencia de estos organismos es un vestigio de políticas neoliberales que buscaban privatizar sectores estratégicos y que, en muchos casos, no han cumplido con su objetivo de combatir la corrupción. En particular, ha sido crítico con el INAI, acusándolo de no haber revelado casos significativos de corrupción. La propuesta, sin embargo, ha sido vista por algunos como un intento de centralizar aún más el poder y limitar la autonomía de instituciones clave.

A pesar de las críticas, el plan de reforma ha encontrado respaldo entre los aliados del presidente y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su apoyo a la medida. Con la mayoría calificada en el Congreso y el Senado, el gobierno parece estar en una posición fuerte para aprobar la reforma, aunque no sin enfrentar oposición y debate tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.

La discusión sobre la eliminación de los organismos autónomos continuará en los próximos meses, con implicaciones significativas para el futuro de la gobernanza y la administración pública en México. La propuesta de López Obrador refleja una visión de gobierno más centralizada y austera, en contraste con las estructuras descentralizadas que se han desarrollado en las últimas décadas.