El día de ayer 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, a través de redes sociales se estuvo difundiendo información al respecto, observando una gran participación ciudadana y delatando todas las irregularidades.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como vencedor a Nicolás Maduro quien ya tiene 11 años en el poder, sin embargo, esto discrepa con el proceso documentado por los ciudadanos el cual reflejaba una derrota inminente de Maduro ante el candidato Edmundo González, por ello inmediatamente otros países expresaron que no reconocerían el resultado de las elecciones, entre ellos Argentina, Perú, Chile y Estados Unidos exponiendo su preocupación de que el resultado electoral no refleje la voluntad del pueblo.

La líder de la oposición María Corina Machadon desconoció los resultados, afirmando que Edmundo era el nuevo presidente de Venezuela, a pesar de toda la confusión, China, Rusia e Irán extendieron sus felicitaciones a Maduro por la victoria, mientras que el resto de países latinoamericanos y europeos continúan negando la misma. En el caso de México el PAN manifestó su apoyo a la oposición venezolana y AMLO dijo que esperaría los resultados oficiales.

La comunidad internacional comenzó a solidarizarse con los venezolanos y a exigir un conteo justo y transparente de los votos y cada vez eran más los países que no reconocían la victoria de Maduro, por ello el gobierno de Venezuela pidió a varios países retirar a su personal diplomático. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele aseguró que hubo fraude y se comenzó a catalogar como Golpe de Estado a las acciones de Maduro y su gobierno.

Las protestas por parte de los ciudadanos no se hicieron esperar, toda esta situación ha provocado que la Organización de los Estados Americanos (OEA) vaya a tener una reunión extraordinaria para abordar el tema el miércoles 31 de julio, debido a la petición de 12 Estados miembro. Esto prevé una crisis política-social en el país donde lamentablemente los más afectados son los ciudadanos, la situación plantea un nuevo reto para la comunidad internacional, puesto que pone en juego los límites de las organizaciones internacionales en cuanto a la intervención en un Estado soberano y reconocido.