La Fiscalía Federal logra condena por asesinato calificado en San Cristóbal de las Casas
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dictado una sentencia de 20 años de prisión en contra de Edgar Rolando Mares Banda, considerado el autor material del homicidio calificado del sacerdote, luchador social y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez. El crimen ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un contexto donde la violencia contra líderes comunitarios y religiosos ha aumentado en los últimos años.
El 6 de agosto de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) informó que Mares Banda fue detenido y procesado por su participación en el asesinato. Según las investigaciones, en octubre de 2024, el sentenciado se ubicó en las afueras de la capilla en el Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas. Tras seguir al sacerdote, quien acababa de concluir una misa, le disparó con un arma de fuego cuando el religioso se dirigía a su vehículo, privándolo de la vida de manera premeditada, con alevosía y ventaja.
El trabajo de la Fiscalía fue fundamental para esclarecer los hechos. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó en audiencia diversas pruebas ante el Juez, logrando que se dictara la sentencia de 20 años de prisión para Mares Banda. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, donde se valoraron las evidencias que demostraron la participación directa del inculpado en el homicidio.
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El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue un hecho que conmocionó a la comunidad local y nacional, dado su papel como defensor de los derechos indígenas y su lucha por la justicia social en Chiapas. La condena en contra del responsable representa un avance en la justicia para las víctimas de violencia contra líderes sociales y religiosos en la región.
La fiscalía reiteró su compromiso de continuar investigando y sancionando estos delitos, en un contexto donde la protección de los defensores de derechos humanos es una prioridad para el Estado mexicano. La sentencia de 20 años refleja la gravedad del crimen y la voluntad de las autoridades de hacer justicia en casos que afectan la integridad de activistas y religiosos en Chiapas.
Este caso evidencia la importancia de la colaboración entre diferentes instancias judiciales y la Fiscalía para esclarecer hechos violentos y garantizar la seguridad de quienes luchan por los derechos de las comunidades indígenas en México. La resolución también envía un mensaje claro de que el Estado no tolerará la impunidad en delitos de esta naturaleza.
La nota completa puede consultarse en Quadratín México, donde se detalla el proceso judicial y las declaraciones de las autoridades implicadas en el caso. La justicia en este incidente es un paso importante para fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos en Chiapas y en todo el país.
