En 2014, en Iguala, Guerrero, ocurrió un grave episodio de falta de justicia y violación a los derechos humanos en México. 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos por las autoridades, acusados de pertenecer a una organización criminal. La falta de pruebas, la inacción de las autoridades y la corrupción institucional evidenciaron la falta de acceso a la justicia y la desigualdad social en el país. Nueve años después, se ha confirmado que fue un caso de desaparición forzada.

Una noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero tuvo lugar uno de los episodios más emblemáticos de desaparición forzada y violación a los derechos humanos en la historia de nuestro país. Cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (de entre 17 y 25 años) acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero con la finalidad de acudir a la protesta conmemorativa del 2 de octubre en honor a las víctimas de la represión contra estudiantes llevada a cabo en 1968. Ese día, por motivos “desconocidos” la policía municipal de Iguala abrió fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses; auxiliados de otras corporaciones (SEDENA) y por civiles (grupos criminales) se logró cerrar el paso de cinco autobuses (tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica).

En este escenario fueron detenidos y desaparecidos 43 estudiantes. Durante esa misma noche, continuaron agresiones contra los mismos y contra la población en general por parte (de lo que se demostró) fue llevado a cabo por parte de agentes estatales y civiles pertenecientes a una organización criminal implicada con las instancias estatales en esa zona de Guerrero. “Instantáneamente el gobierno de Guerrero y el gobierno federal se concentraron en una sola línea de investigación donde confluían el grupo criminal Guerreros Unidos, el alcalde de origen perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa (…) Según la administración de Ángel Aguirre Rivero. La noche del 26 de septiembre el alcalde y su esposa habían ordenado a policías municipales de Iguala atacar cinco camiones donde viajaban los normalistas y otro más donde iban los jugadores del equipo de fútbol Avispones — a quienes habrían confundido con los estudiantes — para defender “la plaza”, perteneciente al grupo criminal Guerreros Unidos. El resultado eran seis personas muertas, entre ellas normalistas, más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.” (Hernández, Anabel, 2016)

El gobierno de Peña Nieto estaba desesperado. Con cada detención de los supuestos culpables aumentaron la violencia y las torturas contra ellos. Los perpretradores de los abusos se hallaban en todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: Policía Federal Ministerial, Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. No se trató de abusos aislados por parte de algunos funcionarios retorcidos sino que fue un método del Estado para imponer su versión a como diera lugar: “Los estudiantes (ya muertos) estaban ligados al narcotráfico”. En la búsqueda del sustento del dicho de las autoridades, investigadores como Anabel Hernández y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidieron llevar a cabo su propia indagatoria en el campo de iguala.

El 29 de octubre de 2014 se acordó acudir de nuevo al río San Juan a llevar a cabo la búsqueda. Cuando llegaron al lugar, “ya se encontraban buzos de la Marina, policías federales ministeriales, Cisen y agentes del ministerio público de la federación”. Fueron los buzos de la Marina quienes “pusieron a la vista” una bolsa de basura que tenía en su interior fragmentos óseos de origen humano “con huellas de exposición al fuego”. La bolsa estaba abierta. La Visitaduría interrogó directamente a García Reyes (El Chereje, quien fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y secuestro al ser involucrado con la finalidad de crear “una verdad histórica”).

Los resultados preliminares de la auditoría interna realizada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia a la averiguación previa de más de mil fojas sobre el ataque contra los normalistas señala de manera contundente que está plagada de graves irregularidades. Jurídicamente implica que no tiene válidez técnica ni legal y que tendría que repetirse. Uno de los señalamientos más graves es que se hiciera a un lado líneas de investigación importantes del 27 Batallón, la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial y las policías estatal y ministerial de Guerrero. “Se observa que no se ha llevado a cabo una investigación seria, parcial y efectiva por todos los medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad”, afirma el documento elaborado por la Visitaduría. A manera de resumen, se confirma que no se practicaron las diligencias necesarias para encontrar la verdad y justicia en el caso.

El documento de la Visitaduría advierte que se dio prioridad a acreditar la intervención de Guerreros Unidos y con ello de la delincuencia organizada, y ejercer acción penal contra el mayor número de personas “dejando en un segundo término el deber del Estado mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendiente a encontrar a los estudiantes desaparecidos.”. La investigación interna de la PGR señala que se debió haber hecho una investigación por desaparición forzada, no por secuestro y delincuencia organizada. Asimismo, “se considera oportuno investigar si el personal de la Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, incurrió en algún tipo de responsabilidad de carácter penal.” A manera de resumen, se habló se notificar al Órgano Interno de Control de la Sedena para que se iniciara un procedimiento de responsabilidad.

Respecto al C4 y los militares que controlaban las cámaras de seguridad, la visitaduría afirma que hubo “una falta de regulación en cuanto a su funcionamiento operativo y la carencia de supervisión, lo que generó la posible manipulación de bitácoras, videos y registros de dicho Centro respecto a los hechos investigados.” En la auditoría legal se afirma que hay “confusión y poca claridad” en las declaraciones de los policías federales. Así ocurre con los testimonios donde se dijo que las patrullas no contaban con GPS y después que sí. Tampoco se recopiló información de posicionamiento geográfico de patrullas federales así como de cuántos vehículos y elementos intervinieron en el ataque en contra de los estudiantes.

Según el documento de la visitaduría, “debió existir una actuación inmediata de las autoridades locales y federales encargadas de la procuración de justicia, ya que los elementos de prueba obtenidos en las primeras horas posteriorires al hecho delictivo tendrán mayor importancia en la eficia probatoria.” Así mismo, se ordenó que “se investiguen las conductas omisas” en que pudo incurrir personal de la Seguridad Pública de Guerrero “para que de contar con datos y elementos de prueba suficientes se amplíe la investigación a los posibles ilícitos que se le pudiesen atribuir como encubrimiento o abuso de autoridad.” A su vez, se determinó que se tomaron deficientemente las declaraciones de ministeriales testigos, detenciones ilegales, arrestos ilegales y signos de tortura en civiles así como en miembros de la policía de Iguala y Cocula.

“Sin embargo y desde el inicio del caso Ayotzinapa, la ONU-DH ha documentado graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso. En este sentido, se cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actor de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR. Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la CIDH. (…) A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad de pérdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidad en la investigación del caso Ayotzinapa.”

En marzo de 2022, ocho años después de la tragedia de los 43, las revelaciones del tercer informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa apunta a las fuerzas armadas. La GIEI informó que agentes de la Secretaría de Marina realizaron un operativo secreto en octubre de 2014, en uno de los lugares clave de la investigación donde se habría manipulado la escena del crimen donde los estudiantes fueron quemados vivos y cuyos restos serían parte de un “basurero.” Tras quedar claro que las Fuerzas Armados han administrado información oficial del caso, aun quedan por resolver cuestiones como el motivo para haber negado la información.

La investigación llevada a cabo en el año en curso detona que “la cacería” acabó mal. Un vídeo de octubre de 2014 revela que las fuerzas federales habían iniciado una búsqueda en contra del grupo Guerreros Unidos y sus redes de apoyo en Guerrero con la finalidad de detener integrantes y culparlos de haber asesinado a los jóvenes en el basurero y de quemar sus cuerpos. Ahora se sabe que los marinos acudieron a la zona antes siquiera de los peritos de la fiscalía. Las decenas de detenciones y el acoso así como tortura que sufrieron durante el proceso fue llevado a cabo por miembros de la fiscalía federal o de la propia Secretaría de Marina. El mismo GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense señalaron que la versión del basurero donde se habrían quemado los 43 estudiantes no se sostenía.

El informe presenta nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Se confirma que se crearon documentos falsos para legalizar estas irregularidades y se detalla una llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes que realmente nunca existió. Ahora los grupos de investigación tuvieron acceso a 60 vídeos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no solo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, donde se confirma que fue una práctica sistemática.

Los padres de los estudiantes denunciaron que se quiso cerrar en falso el caso e insistieron en investigar al ejército. Con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a los militares. Alrededor de 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y solo en torno a medio centenar sigue en prisión. Se rumora que los delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

Como consecuencia a los acontecimientos del caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realizó una Oficina Especial para el “Caso Iguala. Donde se inició de oficio un expediente de queja con objeto de investigar presuntas violaciones a derechos fundamentales que se habrían cometido. A su vez, se ejerció la facultad de atracción respecto a los expedientes iniciados por la entonces Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Por primera vez se atendió de manera prioritaria a un caso en especifico debido a la investigación integral de los hechos violatorios a derechos humanos derivados de los acontecimientos.  Desde la creación de esta comisión, se realizó un compromiso con las víctimas y con los familiares de los normalistas para llevar a cabo una investigación exhaustiva, profunda y efectiva sobre los hechos, orientada a la revisión, evaluación y determinación de las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido las autoridades municipales, estatales y federales (antes, durante y después de los hechos), basada en las siguientes cuatro premisas:

1. Contribuir en la búsqueda de la verdad,
2. Que los responsables sean sancionados,
3. Lograr que los derechos de las víctimas sean reparados y
4. Exigir que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza.

No obstante, se tiene conocimiento de que los últimos procesos de la Fiscalía mexicana contra Jesús Murillo Karam, el primer titular de la Físcalia durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Durante el juicio se ha revelado que Murillo no solo torturó a detenidos para ayudar a construir su versión de la historia, sino que impidió que se siguieran buscando a los 43 estudiantes desaparecidos.